Amparo judicial contra un nuevo tarifazo en las boletas de la luz

La Defensoría del Pueblo bonaerense, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y un grupo de diputados nacionales e intendentes de la oposición, entre ellos Juan Zabaleta, presentaron una acción de amparo ante la Justicia para intentar frenar la suba de tarifas del servicio eléctrico dispuesta por el Gobierno nacional.

 

El pasado lunes 4 de febrero se presentó en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata a cargo del juez federal Alberto Recondo, un amparo judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional que impugna las resoluciones de la secretaría de Gobierno de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y considera que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y señala además que “no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública”, lo que va en contra del artículo 42 de la Constitución Nacional.

La presentación fue suscripta por intendente Juan Zabaleta; el Defensor del Pueblo Bonaerense, Guido Lorenzino; el titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Mariano Lovelli; los intendentes Verónica Magario (La Matanza), Gabriel Katopodis (San Martín), Andrés Guillermo Watson (Florencio Varela), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Jorge Ferraresi(Avellaneda), Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gustavo Arrieta (Cañuelas) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).

Además, firmaron los legisladores Felipe Solá, Cristina Álvarez Rodríguez, Victoria Donda, Leo Grosso, Rodolfo Tahilade, Darío Díaz Pérez, Fabiana Bertino, Guillermo Escudero y los dirigentes Gildo Onorato (Ctep), Daniel Menéndez (Barrios de Pie) y Fredy Mariño (CCC). También firmaron las ONG defensoras de consumidores Deuco y Adduc.

«Junto a intendentes y el Cepis presentamos un amparo judicial para frenar los aumentos indiscriminados en la luz, el gas y el transporte. En vez de castigar a las empresas por no invertir, el gobierno nacional sólo castiga a los ciudadanos», dijo el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino.

La medida solicita a los jueces de la Nación que “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”. Además requiere la suspensión de las Resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y las resoluciones del ENRE. Y que ambas reparticiones del Estado Nacional “se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo”.

El intendente Zabaleta dijo que “la única economía que funciona en el mundo, es la que genera empleo, la que sostiene el trabajo y genera consumo y esto es lo que necesitamos los argentinos, los bonaerenses y nuestras vecinas y vecinos de Hurlingham, por eso el gobierno debe reflexionar, que la solución no llega apretando el bolsillo de los vecinos todos los días o el de las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo muchísimo el aumento de tarifas, la apertura de las exportaciones llevando a nuestra economía a un declive permanente”.

En tanto el presidente de CEPIS, Mariano Lovelli, señaló que “el amparo es una respuesta de la sociedad civil y de los intendentes preocupados por la gente porque nadie soporta un tarifazo más”.

Por su parte, el jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis expresó: “Queremos que el gobierno tenga muy en claro que los intendentes vamos a defender a los clubes, a las PyMES y a todos nuestros vecinos que no pueden pagar las facturas y encima se quedan sin servicio por falta de inversión. Hace tres años que Macri le pide a la gente que haga un sacrificio, pero sin cumplir ni una sola promesa”.

Con la resolución 366/2018 de la secretaría de Gobierno de Energía se aplicó un incremento en el costo de la electricidad mayorista (MEM), y con la consecuente resolución ENRE se habilitóa las distribuidoras Edenor y Edesur a transferir ese aumento de la energía mayorista (MEM) a los usuarios.

Por eso en la presentación elaborada y firmada por la ONG, los intendentes peronistas y el Defensor del Pueblo bonaerense se considera que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016. Sobre todo se exige cumplir con la “razonabilidad” que impuso el máximo tribunal como criterio.

Share Button

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *