El caso Candela no termina con la condena a prisión perpetua de Hugo Bermúdez y Leonardo Jara ni con los 4 años de prisión para Fabián Gómez. Las irregularidades que surgieron durante el juicio derivaron en 28 causas conexas. Pero más allá de este dato llamativo, queda mucho por investigar.
Los jueces Diego Bonanno, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo que llevaron a cabo el juicio por el crimen de Candela Rodríguez remarcaron que las “graves deficiencias” que tuvo el expediente derivaron en la apertura de 28 causas conexas, algo inédito en la tramitación de un proceso oral, pero que aun así no se refleja la cantidad de delitos y personas que resta investigar por el caso.
Volviendo a las irregularidades surgidas durante el juicio que culminó hace pocos días, cinco causas se iniciaron porque los testigos no reconocieron su firma o directamente ésta no estaba en las actas donde figuraban sus testimonios. Otro clásico de proceso fueron los testigos detenidos por falso testimonio que terminaron presos en plena audiencia, entre ellos dos policías y dos vecinas de la víctima.
El tribunal citó por ejemplo el caso del subcomisario Guillermo Pacheco, cuya presentación calificó como un “grotesco” pese a que tuvo a su cargo uno de los procedimientos más importantes del caso, el de una de las viviendas donde estuvo secuestrada Candela.
También recordaron el paso por el tribunal de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, condenado por narcotráfico: “Emulando al ’patrón del mal’ llegó a la audiencia con ínfulas de saberlo todo e intentó manejar la información negándose a contar cuanto sabía”, dijeron los jueces. “En mi opinión un ser oscuro que pasó por la audiencia ‘con pena y sin gloria’. Obvio que por ello término procesado”, se indicó en la resolución.
CONTRA TODOS
Otras causas se abrieron a partir de los dichos de los “testigos de identidad reservada”, que casi en su mayoría no pudieron repetir en el debate lo que supuestamente habían dicho en la instrucción de la causa, especialmente contra los imputados. Una mujer, por ejemplo, dijo que no tenía idea de lo que había firmado y contó que terminó declarando ante el fiscal Marcelo Tavolaro, el primero que tuvo la causa, luego de haber concurrido a la Municipalidad de Hurlingham a tramitar una pensión.
Los jueces también recordaron las denuncias realizadas por la familia de Candela contra el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal; el ex jefe de la Policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, y el ex director de Investigaciones, Roberto Castronuovo, a quienes acusaron de proteger a otros policías cómplices de los autores del hecho.
La madre de Candela también denunció la “incompetencia” del fiscal Tavolaro para manejar el caso y lo cuestionó por dejar intervenir a la Policía, que a su vez encubría a terceros. También hay un expediente en curso por la denuncia del padre de Candela, Alfredo Omar Rodríguez, quien acusó a Héctor “Topo” Moreyra (detenido y luego liberado por el crimen de la niña) de trabajar con la Policía en la venta de drogas, al tiempo que proveía de información a la fuerza. Otro expediente en curso es el iniciado a raíz de las denuncias de Leonardo Jara -uno de los condenados- contra Casal y el ex gobernador Daniel Scioli, a quienes acusó durante el juicio de “armarles” una causa.
CONTRA LA POLICÍA
Carola Labrador, madre de Candela Rodríguez, advirtió que por el crimen de su hija “falta” aún condenar a miembros de la Policía, del ámbito de la política y al ex fiscal de la causa Marcelo Tavolaro, tras el fallo de prisión perpetua contra dos de los acusados por el hecho y a 4 años contra un tercer hombre imputado como partícipe secundario.
“Del (ex) ministro (de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo) Casal para abajo, estaban todos metidos en el secuestro y en la muerte de Candela”, enfatizó la mujer, quien dijo desconocer si el homicidio de la niña de 11 años estuvo enmarcado en un caso de narcotráfico. Además, consideró que “no es verdad” el móvil del hecho que estableció la sentencia de ayer, que entendió que el crimen derivó de un “ajuste de cuentas contra el padre (de la víctima), por algún ilícito que éste cometiera”.
Labrador, consultada sobre si restaba condenar a otras personas por el caso, respondió: “Sí, falta. Falta toda la gente de ese momento; desde la Policía, la política y el fiscal Tavolaro con el juicio político que le estamos haciendo”.
AJUSTE DE CUENTAS
Por otro lado, Carola Labrador insiste en que Candela no fue víctima de un ajuste de cuentas. Distinta es la posición del Tribunal: «Tengo experiencia. Aún a riesgo de ser tildada de soberbia, debo decirlo. Y con los años que cargo sobre mis hombros, creí haberlo visto todo. Pero debo rendirme ante la evidencia. Sin duda estaba equivocada. En el homicidio de Candela se entretejieron intrigas, política, delitos de toda calaña y fundamentalmente silencios. Lo relevante fue lo no dicho. Lo oculto», afirmó la jueza Raquel Lafourcade.
Para el Tribunal, el móvil de la privación ilegal de la niña fue por un «ajuste de cuentas contra el padre, por algún ilícito que este cometiera -vale recordar que cumplía por entonces condena por pirata del asfalto».
Según dio por acreditado el Tribunal, «la muerte de la niña aconteció en el marco de un acuerdo de voluntades de una organización criminal que no se agota en lo resuelto respecto de los aquí imputados».
«Y es hora de ‘tomar el guante’ entonces, de aquello que denunciara en su alegato el Ministerio Público Fiscal cuando diera por cierto que el comisario general (Roberto) Castronuovo tomó parte de las negociaciones clandestinas tendientes a lograr la liberación de Candela», sostuvo la jueza Lafourcade.
Al respecto, los jueces compartieron con la fiscalía que dichas «negociaciones clandestinas» habían estado en cabeza de la cúpula policial. La magistrada también se preguntó cuál «ha sido el sentido de desdoblar los juzgamientos de aquellos personajes que sin duda debieron haber ocupado un lugar en el banquillo de los acusados como ‘El Topo’ Moreyra», sospechoso de haber sido el autor intelectual del secuestro que estuvo detenido pero quedó libre tras decretarse la nulidad parcial del proceso.