Enciende los candiles, que los brujos piensan en volver

El autor escribió este artículo de opinión antes de que el gobierno decida despedir a más de 350 trabajadores de la agencia TELAM, de los despidos de Radio del Plata y de la orden de remate de Radio Rivadavia. El texto se explaya sobre el derecho a la información y adquiere más vigencia ante los sucesos que sufren los medios de comunicación no alineados al gobierno nacional.  

 

Por Gustavo M. Russo*

 

Una gran inquietud me surgió, del artículo de la columna del diario Crónica del jueves 3 de mayo pasado, escrito por Alejandro Olmos, Director de la Sociedad Interamericana de Prensa  y Director General del Grupo Crónica, el mismo en una de sus partes decía:

 «Así lo pronuncio en un comunicado el presidente de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) Gustavo Mohme en el día mundial de la Libertad de Prensa (*). En nuestro país la apertura del gobierno de Mauricio Macri al periodismo fue en forma desigual. Las entidades periodísticas internacionales miran con gran preocupación el estado de los medios de comunicación en Argentina.                                                                             

Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, cerraron varios medios de comunicación, como la Agencia DYN, Buenos Aires Herald, Diario La Razón y la revista El Gráfico. Todos medios con historia, no creados en el gobierno de Cristina Kirchner. Luego en crisis Radio Rivadavia, el canal C5N, Radio El Mundo, Editorial Atlántida, Radio del Plata, Radio 10, Radios Pop, Mega, Vale y TKM sumado a los  Canales CN23 y 360». 

(Ver fuente: https://www.cronica.com.ar/opinion/Preocupacion-por-la-libertad-de-prensa-en-Argentina—20180502-0175.html)

 

Luego de estas líneas, me pregunto: ¿La sociedad, tiene conocimiento de lo que significa estar informado?  No digo ni mucho, ni poco, digo; el de estar informado, ni bien, ni mal. Simplemente informado, a secas.                                                        

El pasado 7 de junio se conmemoró el Día del Periodista, desde ya mi más profundo deseo para todos aquellos profesionales que luchan para que la información llegue a la sociedad como un derecho adquirido colectivo. Además de este humilde reconocimiento de mi parte, la idea es generar conciencia, sobre cómo se inicia la información, en nuestro país y por qué esa fecha y no otra.

 El 7 de junio de 1810, es el día en que Mariano Moreno, abogado, político, periodista, funcionario de la Primera Junta de 1810, sacaba a la calle la Gazeta de Bs.As y empezaba a dar a conocer su «Plan de Operaciones», de notable desconocimiento por el diseño curricular en la escuela y ocultada por la mirada histórica oficial mitrista, durante muchos años. Nace como un pasquín político, con la subjetividad a flor de piel. «Propiciar la revolución para obtener la libertad de la Corona española y una autonomía del Virreinato del Río de La Plata». En el mismo expresaba, cómo hacerlo y los beneficios de su logro, para nuestro futuro como promisoria Nación.

Como verán, el periodismo militante y revolucionario, tiene en nuestro país 218 años, no fue creado por el gobierno de los Kirchner. Cuando uno recurre a las fuentes, se interioriza, como he expresado en los primeros renglones de esta columna, se aporta a la información veraz.

No debemos considerar que es una falta de ética, ni tampoco, dejar de ser objetivo frente a la información por expresarse bajo sentimientos subjetivizados por los tiempos. Es decir, por narrar lo que pasa por las emociones. La comunicación no puede impedirse, es el derecho que más enaltece al estado democrático. Y es por eso que nuestra Constitución Provincial en su artículo 12 inciso 4, lo expresa claramente asegurando que «todas las personas en la provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos; […] A la información y a la comunicación.

Insisto, siempre la verdad es objetiva y la fuente puede provenir de diferentes lados, sin importar de donde llega, a donde se dirige o qué intención tiene. Siguiendo con nuestra constitución provincial, su artículo 13 expresa que «la libertad de expresar pensamientos y opiniones (como es mi caso en este momento) por cualquier medio, es un derecho asegurado a los habitantes de la provincia. Para tenerlo en cuenta, la Constitución Nacional en su artículo 43 «defiende a las fuentes periodísticas, de no ser reveladas, con la acción del Habeas Data».

Una gran pena envuelve a la cobertura periodística y crítica de estos días. El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) demuestra que no le interesa respetar la ley expuesta y es por eso, que para mantenerse en ese sentido, trazó un gran pacto con los multimedios de la información. La idea de esta connivencia, es la de mantenerse en el poder sin sobresaltos. Queda a las postres, otorgar un fuerte caudal de dinero por conveniencia en pautas oficiales y otros negocios financieros, para que se contribuya en la confección de un cepo informativo.

Es así, que no solo se impide, a la sociedad, que se la informe sino que se le impone una agenda política engañosa, para que no pueda tener acceso a los verdaderos problemas que la atañe. Por lo tanto, se consigue que la población se mantenga inocua. No permitiéndole, ejercer los derechos arriba expresado, como también obstaculizar la llegada a sus manos de alguna columna de opinión crítica, como la que destaco en las primeras líneas. En cambio, sí seguirán sosteniendo, una militarización de un relato discursivo, que con la ayuda de muchos seudos comunicadores, se intentará imponer dentro del ensanchamiento de una grieta de polarización política.

Insisto, debemos adquirir más conocimiento sobre estas tretas, en vías de lograr una mejor reflexión dentro del ocultamiento del tratamiento mediático en temas de mucha sensibilidad social. Sin olvidar, que dentro de un contexto en el cual se produce gran cantidad de despidos de periodistas como en Télam, TV Pública y el cierre de medios críticos a este gobierno, hay además empresarios de medios presos, sin que se les respete el debido proceso, como les pasa a otros integrantes del espacio político, como es el caso de Milagro Salas, con gran repercusión internacional.

El PEN está intentando por todas las maneras y a través de un Poder Judicial (PJN) cómplice, lesionar, restringir y sustraer empresas audiovisuales por medio del autoritarismo, la arbitrariedad y la difamación pública.

Pensemos en Rodolfo Walsh que dio su vida para dar a conocer el Terrorismo de Estado y los asesinatos de José León Suárez.

Peticionemos por el derecho a la información. No debemos quitar a la información y a la política de nuestra vida, pensemos como pensemos. Establecer en la sociedad un discurso provocador de falacias y de odio, no es precisamente dialogar.

Por todo lo expuesto, es necesario, que el ciudadano sea consiente, que el no tener acceso a la información no le permitirá poder replantearse situaciones problemáticas, simplemente será un mero retransmisor de lo que el poder mediático colonice en su cabeza. Como sostenía el filósofo del Mayo Francés, Michel Foucault, estaríamos en presencia de un sujeto sujetado, y agrego, a merced de intereses contrapuestos con los suyos.  

 

*Abogado 

Doctorando en Ciencias Jurídicas investigando sobre incorporación de los Derechos de Accesibilidad a las Políticas Públicas.

Profesor en Ciencias Jurídicas: ejerzo en el Instituto Superior de Formación Docente N° 34 deTres de Febrero. 

Capacitador del Ministerio de Trabajo a través de la ongIcess.

Share Button

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *