Por RODY RODRIGUEZ.
El titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, repasa la actividad del organismo que conduce desde principios de este año. Su preocupación por el aumento de tarifas, la política migratoria, los derechos humanos, entre otras cuestiones.
Guido Lorenzino cumplirá el 9 de noviembre 50 años. Nació en Vicente López, fue electo diputado provincial en el 2007 y 2011. Desde el 12 de enero de este año es el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Su cargo es fruto de un consenso multipartidario. Propuesto por un grupo de intendentes del justicialismo, su nombre fue aprobado por senadores y diputados de Cambiemos y del Frente Renovador, con el visto bueno de la gobernadora María Eugenia Vidal.
-La agenda de gestión de la Defensoría está marcada en gran medida a demanda de los ciudadanos, supongo entonces que el organismo está obligado a abarcar una gama de reclamos de los más diversos.
-La Reforma Constitucional de 1994 crea la figura del Defensor del Pueblo y habla claramente del pedido de derechos de los bonaerenses, ese es el límite. Cualquier acción que ponga en riesgo, que vulnere, o cercene derechos de los bonaerenses lo haga quien lo haga, nosotros vamos a estar. A veces para resolver una situación, a veces para evitarla y muchas veces para acompañar a un ciudadano que haya sido vulnerado en sus derechos, con lo cual nosotros tenemos que estar preparados para ese amplio espectro de situaciones, primero generando presencia en el territorio, oficinas en cada una de los municipios, gente que se haga cargo de esa demanda. La Plata queda muy lejos para la mayoría, entonces la idea es generar delegaciones en otros lugares. Ya inauguramos en Chivilcoy, Dolores, Olavarría y vamos a continuar. Queremos también que la tecnología que usamos cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, Instagram, Twitter, Facebook… también sea un dispositivo para que la gente se vincule con nosotros con lo cual estamos inaugurando sobre fin de julio un nuevo Contac Center, que va a ser un Call Center pero con tecnología, teléfonos, chat y todas las redes sociales para que la gente pueda construir un vínculo de ida y vuelta con la Defensoría.
-¿Cómo es la dinámica de trabajo para encarar los distintos temas que llegan a la Defensoría?
-Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario. Profesionales que se encargan de Educación, de problemas de Salud, de temas de Acceso a la Justicia, de Violencia Institucional, de Servicios Públicos, los Derechos Humanos, etc. En ese marco, no hay problemas pequeños, todos los problemas son importantes, a los que tenemos que darle tratamiento y acompañamiento, por ejemplo, para nosotros fue muy importante pedirle al Congreso de la Nación que tenga una postura muy clara y genere una Legislación para que las decisiones de los Organismos Internacionales tengan impacto real y que sean de aplicación obligatoria en la Argentina, nos parece que esa mirada nos pone en el contexto del ordenamiento general y de los pactos internacionales que son superiores a nuestra Constitución.
También tenemos una mirada crítica con respecto al Decreto de limitación de la Política Migratoria que ha tomado el gobierno con lo cual nos presentamos con el CELS y a los distintos organismos de Derechos Humanos en el amparo que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así abarcamos la mirada histórica de los Derechos Humanos y los problemas cotidianos, la luz que sube, el gas que sube, los peajes…
-¿En estos cuatro meses de gestión podés evaluar cuál es el sector más vulnerable? ¿Los adultos mayores, las mujeres, los chicos?
-Es por igual, no debe hacerse una división por sectores, es por tema. Por supuesto uno ve que los adultos mayores no están en un buen momento, que hay déficit en las políticas de Estado para la niñez, y muchos de esas deficiencias no son nuevas. Es muy buena la ley sobre niñez que tenemos vigente en la Provincia, pero es muy malo el Servicio a la Niñez. Pero en general va más allá de los sectores. Uno siente que las decisiones que ha tomado el gobierno han perjudicado enormemente, no sólo los bolsillos de la gente, sino sus derechos. Entonces trabajamos no solo en la protección de esos derechos, sino que además promovemos campañas de difusión con información sobre qué derechos tienen para poder exigirlos. Caso muy concreto, el tema migrantes, había una política firme sobre el tema y de golpe… pum…, un decreto violatorio, limitatorio y discriminatorio. Me junté con los cónsules de Bolivia, Perú, Paraguay, que son los países de donde proviene la mayor cantidad de migrantes y la verdad que están preocupados. Nosotros en la provincia tenemos 700 mil votantes migrantes, vamos a trabajar fuertemente para que conozcan sus derechos y también vamos a insistir y concientizar para no caer esta cosa xenófaba al que, lamentablemente, el decreto nos lleva.
En definitiva, no hay un sector peor que otro, me parece que lo preocupante es el tema de la vulneración de derechos.
-Sobre derechos y opinión pública, existen derechos con muy mala prensa, como por ejemplo el derecho de los presos, que para mucha gente no debería ser prioridad. Sin embargo hay situaciones graves en ese sentido, problemas muy serios, por ejemplo en la población carcelaria femenina.
-Dos temas en esa cuestión: estamos terminando un relevamiento de todas las unidades penitenciarias. Es imprescindible que de una vez por todas haya un buen diagnóstico, para ver cómo actuamos junto con el gobierno provincial; en definitiva ellos son los que gobiernan pero nosotros tenemos que aportarle ideas, y eso lo vamos a hacer.
Estamos tratando de avanzar, no solamente con un buen diagnóstico del Sistema Penitenciario para mejorarlo, sino también con el cuidado de los derechos de los sectores minoritarios pero que a lo largo de estos años han tenido visibilidad y se han empoderado. Ese marco por ejemplo, firmamos un protocolo con el Ministro de Seguridad de la Ciudad y de la provincia, junto al Defensor de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, para el tratamiento y cuidado de derechos del colectivo trans, un sector muy vulnerado, muy desprotegido, cuando son detenidos, no se tiene en cuenta ni siquiera el mínimo cuidado de su identidad o tenerlos alojados en función del sexo. Hay un gran retroceso de las fuerzas de Seguridad.
-Hay otro sector, no tan minoritario, los «presos por las dudas» los que están en preventiva, sin condena firme y que suelen pasarla peor que si estuvieran con condena.
-Mirá nosotros cuando fue el día de la violencia institucional estuvimos en Budge, la verdad que el sistema policial no funciona mal de ahora, sino que funciona mal hace años, bueno acá tratamos de limitar esa discrecionalidad que tiene muchas veces y creo que la campaña de difusión en los barrios, masiva nos permite limitar y también comprometer a los ministros del área. Ellos se comprometieron con nosotros en trabajar en que las fuerzas de seguridad no terminen siendo una herramienta de vulneración de derechos. Cuando fue el episodio en Lanús, con fuerzas de seguridad persiguiendo un supuesto delincuente y entraron a un comedor e hicieron un desastre, nosotros inmediatamente intervenimos y criticamos. No nos quedamos callados. Ningún fin justifica los medios. Las cosas que están mal hechas terminan mal. Hay que estar siempre cerca, y marcar firmemente cuando algo esté mal.
LA DEFENSORÍA Y LA FÁBRICA ROUSSELOT
La Defensoría del Pueblo de la Provincia, la Municipalidad de Hurlingham y el Organismo Ambiental Provincial hicieron una inspección conjunta a la Fábrica Rousselot, cuyos resultados se conocerán en los próximos días. Al respecto, Lorenzino comentó: «Nosotros nos presentamos a pedido del intendente Juan Zabaleta y de los vecinos de Villa Tesei en la causa judicial que se inició en los Juzgados Federales de Morón y nos comprometimos a encargar un estudio de impacto ambiental. Estamos convencidos que el mal olor contamina la calidad vida, altera y mucho la vida de la gente.
Por eso nos juntamos con el titular de OPDS y todo su equipo y les pedimos hacer una visita conjunta a la fábrica, el OPDS, el municipio y la Defensoría para hacer una evaluación común. Nosotros compartimos la voluntad de los vecinos que es: o está todo bien y la situación cambia o la fábrica se va a tener que ir. El intendente nos manifestó que comparte esa decisión así que vamos a ver los resultados de este nuevo estudio. Ese material va a ser un aporte a la causa judicial que se está llevando adelante. La decisión es una sola y es que no haya más malos olores.