Por Rody Rodriguez
El presidente Mauricio Macri quiere prorrogar a través de un decreto de necesidad y urgencia, el control de las escuchas judiciales bajo el mando de la Corte Suprema de Justicia.
Para el gobierno de Cambiemos las escuchas se convirtieron en una herramienta muy importante, no tanto para investigaciones judiciales (que es para lo único que deberían ser utilizadas) si no para el armando de operaciones de prensa. Las escuchas dependían de la SIDE hasta que la ex presidenta Cristina Kirchner las pasó al área de la Procuración. Macri luego decidió que sea la Corte de Ricardo Lorenzetti quien tenga el control y así fue creada la Dirección de Asistencia judicial en delitos Complejos y crimen organizado del Poder Judicial que está a cargo de los camaristas Martin Irurzun (Capital Federal) y Javier María Leal de Ibarra (Comodoro Rivadavia).
Y a propósito de teléfonos pinchados, en la vorágine de estos agitados días, pasó casi desapercibido un hecho de enorme gravedad institucional. Hebe de Bonafini denunció maniobras de espionaje coordinadas entre el Gobierno Nacional y el Poder Judicial. La titular de Madres de Plaza de Mayo aseguró que dirigentes políticos de la oposición, sindicalistas, periodistas, magistrados son escuchados ilegalmente.
Bonafini señaló como promotores del espionaje al propio presidente Macri; al jefe de la AFI, Gustavo Arribas; al titular de la Corte Lorenzetti y a Irurzun. La denuncia incluía una lista de 131 escuchados, como una especie de ranking de FM 100. La causa recayó en el Juez Marcelo Martínez de Giorgi que ya la archivó, aunque fuentes judiciales aseguran que había otro listado con un centenar de nuevos escuchados, todos opositores al gobierno. En el listado presentado por Bonafini figuran, entre otros, Cristina Kirchner, el gremialista Roberto Baradel, los periodistas Edgardo Esteban, Cynthia García, Javier Romero, la fiscal Alejandra Gils Cargó, el intendente Gabriel Katopodis, Martín Sabbatella y su mujer Mónica Macha, el juez Alejandro Slokar… la mayoría sin ninguna causa legal que justifique la intromisión.
Di Giorgi dijo que no hay pruebas. Pero es difícil no sospechar que funcionarios del gobierno en complicidad con la justicia oficialista se encarguen de escuchar todo lo que se pueda, cual Luisa Delfino. Hay antecedentes del modus operandi. Hasta que asumió como presidente Macri estaba procesado por escuchas ilegales junto al ex titular de la Policía Metropolitana Jorge Fino Palacios y el espía Ciro James. Y ya es una rutina ver notas «periodísticas» plagadas de especulaciones basadas en escuchas filtradas.
La metodología de escuchar ilegalmente a los adversarios políticos es aberrante. La utilización de esas escuchas para editarlas y luego difundirlas buscando el desprestigio del escuchado es nefasta. El tema merecería ser investigado a fondo. Los supuestos involucrados tienen que sentirse seguros de que su intimidad no es violada. La actividad política, gremial, judicial, periodística no puede verse afectada por el accionar de espías y servicios de supuesta inteligencia. Pero en el reino de las escuchas, nadie quiere escuchar hablar de eso.