El Poder Ejecutivo bonaerense anunció un ambicioso plan de reforma judicial donde, entre otras cosas, los abogados estarán obligados a capacitarse para poder recibir la matrícula. También quieren que el proceso de selección de jueces y fiscales sea más riguroso. Esta es la nota de DiarioJudicial.com sobre la reforma.
Con la idea de reducir la cantidad de juicios que se tramitan en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal anunció un plan de reforma judicial donde, entre otras cosas, los abogados estarán obligados a capacitarse para poder recibir la matrícula.
En esa línea, funcionarios del Gobierno provincial expresaron que el objetivo es «asegurarle a los ciudadanos que los profesionales que defienden sus derechos cuentan con una formación profesional verdaderamente adecuada”.
Desde el Ejecutivo bonaerense sostuvieron que la falta de una formación adecuada genera una ola de juicios “innecesarios y excesivamente prolongados en el tiempo”. Por ese motivo, propusieron que todos los abogados que egresen de la facultad rindan un examen para obtener la matrícula.
La idea del Gobierno es que el plan se ponga en marcha en 2019 y, más allá de los conocimientos teóricos de los nuevos profesionales, se evaluará su capacidad técnica para resolver conflictos puntuales.
Asimismo, la capacitación constante, que hasta ahora es voluntaria para cada profesional, también será obligatoria y evaluada con exámenes durante toda la vida activa.
El polémico plan de reforma ya fue sido anunciado por Gustavo Ferrari, Ministro de Justicia bonarense, el año pasado donde expresó que en ningún lugar del mundo ocurre que un abogado «al otro día de recibir la matrícula pueda presentar un recurso ante la Corte Suprema». Añadió que «no puede coincidir el título académico con el título habilitante».
En dicha oportunidad, el ministro explicó que la modificación judicial se gestó a partir de la desconfianza que tiene la ciudadanía hacía la justicia. «Estamos en nivel de confianza debajo de las universidades y de las iglesias, lo cual es lógico, pero también debajo del nivel de confianza de las fuerzas de seguridad y de los políticos y los partidos políticos, estamos casi en el fondo de la tabla», resaltó.
Por otra parte, el proyecto también buscará que el proceso de selección de jueces y fiscales sea más riguroso, por lo que le pedirá al Consejo de la Magistratura que elabore una evaluación más exigente y fije un orden de mérito.
El ítem final del proyecto prevé acelerar los tiempos en que se desarrollan los enjuiciamientos y destituciones de los magistrados y garantizar la participación de las víctimas de delitos durante todo el proceso.
VOCES EN CONTRA Y POLÉMICA
Si bien la medida fue anunciada recientemente ya comenzó a despertar polémica en diferentes ámbitos, sobre todo el académico. La primera organización en levantar la voz fue La Franja Morada, agrupación política a cargo del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, donde sus miembros sostuvieron que «son las propias Facultades de Derecho quienes pueden y deben dar soluciones y repuestas para un mejor funcionamiento de la Justicia».
«Estamos totalmente en desacuerdo con esta reforma que pretende cuestionar la capacidad de nuestras casas de estudio en cuanto a la formación de nuevos profesionales, ya que entendemos que el otorgamiento de los títulos habilitantes corresponde a las mismas, a esos espacios de debate y pluralidad de ideas donde, día a día, trabajamos estudiantes, graduados, docentes y no-docentes, para generar conocimientos y aportar a la construcción de una sociedad con más y mejor justicia», expresaron desde el espacio radical.
Lo cierto es que el Gobierno bonaerense aún no dio detalles de cómo serán planificados los exámenes para los graduados en Derecho, si será con un trabajo conjunto con las Universidades o elaborado exclusivamente por el Poder Judicial o los colegios de abogados.
Fuente_ Diariojudicial.com