Este mes está previsto que los diputados bonaerenses traten la Ley de Paritarias Municipales, reclamada por el sector y resistida por muchos intendentes. Hubo acuerdo entre los distintos bloques legislativos pero divergencias entre dirigentes de los municipales. Un fallo de la Corte respalda la derogación del actual estatuto.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Horacio González, acordó con los legisladores de diferentes bloques políticos y representantes de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense, debatir el proyecto de paritarias para trabajadores del sector durante este mes de septiembre.
De acuerdo a las actuales condiciones laborales, los trabajadores municipales son empleados públicos de segunda, con sueldos muy bajos, sin paritarias, sin marco legal que garantice su carrera ni estabilidad laboral, y además perdieron la antigüedad del 3 por ciento al 1 por ciento, a manos de esta ley que se quiere remplazar.
“La idea es terminar de pulir el proyecto que instaura paritarias para los trabajadores municipales y deroga la ley 11.757, que es la que actualmente regula la actividad del sector, y nos vamos con el compromiso de todos los bloques para tratarlo en septiembre”, señaló Hernán Doval, diputado del Frente para la Victoria, autor del proyecto.
“Hemos tomado lo mejor de iniciativas impulsadas en años anteriores, y lo que consideramos trascendente es el nivel de consenso al que hemos arribado para modificar esta situación”, agregó el diputado.
Los trabajadores municipales reclamaban “el pronto tratamiento” del proyecto de ley que establece “igualdad con el resto de las organizaciones sindicales que cuentan con paritarias provinciales y mejores condiciones laborales». Quieren que se modifique la ley 11.757 (estatuto para el personal de las Municipalidades) que fue -y sigue siendo- una herramienta que facilitó la flexibilización laboral.
La iniciativa de sancionar una nueva normativa de «Relaciones Laborales y Negociaciones Colectivas para los Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires» fue ingresada en marzo a la Comisión de Asuntos Municipales.
Divergencias entre sindicalistas
Si bien el reclamo que se sancione una normativa que permita la negociación colectiva de salarios y defensa de los trabajadores en todos los municipios bonaerenses es unánime por parte de los trabajadores, hay divergencias entre referentes sindicales. Por un lado, Rubén Cholo García, histórico referente de ese sector, fue el promotor de las movilizaciones a la Legislatura en La Plata reclamando que los diputados se ocupen de ese tema.
Por otro, el Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, Oscar Ruggiero, ubicó a García como un dirigente opositor y calificó a ese espacio como “un sector paralelo acostumbrado a vociferar, más que a producir acciones concretas”.
El titular de la Federación, -de la que Humberto Nito Bertinat es Secretario Adjunto-, criticó a García por “no animarse a pelear dentro de nuestra entidad” y aseguró que el sector opositor que lidera Cholo García “siempre está un paso atrás”.
Pero para García el tratamiento del tema en setiembre es un triunfo de su sector, y adelantó que cuando se sancione la nueva ley “esto va a ser una fiesta y vamos a venir con todos los trabajadores municipales que representan nuestra federación con una gran movilización”.
Un fallo clave de la Corte
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires consideró que 66 de los 110 artículos que tiene la ley que regula las condiciones de trabajo de los municipales son inconstitucionales.
En 1996, el entonces intendente de San Isidro, el radical Melchor Posse, hizo una presentación judicial cuestionando el “Estatuto para el personal de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”, implementado por el gobernador Eduardo Duhalde en 1995. Posse padre, consideraba que la norma era “inconstitucional” por violar la “autonomía municipal”.
La Corte Suprema de Justicia bonaerense, 18 años después, declaró inconstitucional 66 de los 110 artículos del estatuto y deja sin efecto la vigencia de esa norma en San Isidro, marca jurisprudencia para el resto de los distritos bonaerenses y habilita, por supuesto, la modificación de la ley 11.757 tal como lo reclaman los trabajadores.