Participación y transparencia para planificar la ciudad

OPINION

Por Lautaro Aragón || (Concejal Socialista)

Parece difícil de creer, pero vivimos en un municipio que hace 20 años no ha modificado su reglamentación respecto a la zonificación y a las normas que establecen límites para las construcciones en relación no solo a su altura, sino también a la superficie y las actividades que las mismas pueden poseer.

Durante años fue un tema en el cual el Estado parecía estar ausente, pero si se mira un poco más minuciosamente, nos encontramos que el Estado intervenía autorizando en cada caso, excepcionalmente, los pedidos de constructores que deseaban realizar desde emprendimientos inmobiliarios hasta actualizaciones de planos de viviendas que habían sido modificadas. Esta práctica se convirtió en cotidiana y funcionaba mucho más aceitada que otros mecanismos burocráticos. Se repetía sistemáticamente el informe del Ejecutivo que no habilitaba la obra, para que automáticamente sea el Concejo Deliberante el que exceptúe a los interesados de respetar las normas y dar curso a la construcción con fundamentaciones que iban desde la demanda habitacional hasta la necesidad de desarrollar el municipio.

Esta situación que dejaba en un marco de sospecha y cuestionamiento al Concejo Deliberante respecto a los motivos, por un lado de aprobar esas obras y por el otro de aplazar la elaboración de un Código de Ordenamiento urbano que no demande tantas excepciones, parece estar en camino de revertirse. Nuestra insistente denuncia de esta situación, el accionar de vecinos para frenar obras y una agenda pública que logró incorporar el tema, hizo que el HCD se autoimponga límites y adopte mecanismos como la audiencia pública que hacen más transparentes los procesos por los cuales se exceptúa a alguien de cumplir y respetar una norma.

Creemos que es indispensable debatir y construir participativamente el conjunto de normas que hacen a la configuración de nuestro espacio público, a la morfología urbana de nuestra ciudad y a la planificación estratégica de Hurlingham. Es impensado que se pueda abordar este asunto sin la amplitud que demanda, el futuro de una ciudad debe incluir la mayor cantidad de visiones posibles de aquellos que son especialistas y técnicos, así como también de aquellos que habitan y desarrollan su vida hace años en este lugar y piensan seguir haciéndolo.

Un nuevo Código de Ordenamiento Urbano no solucionará automáticamente los problemas que tenemos como ciudad, pero será sin duda la piedra fundacional de otra etapa en la historia de nuestra ciudad. Por un lado se achicarán al máximo las necesidades de excepciones y con ellas los oscuros márgenes de la legalidad que las hacían posibles, y por el otro, empezaremos a vivir una ciudad con una mirada construida desde el presente hacia el futuro.

A su vez, tenemos otro gran desafío que tiene que ver con la integración regional y la conectividad con las ciudades vecinas. Somos parte de un ámbito metropolitano y poseemos límites muy marcados que demandan la intervención articulada de los Estados en la tarea de facilitar y garantizar un tránsito seguro de esas zonas.

Previsibilidad, transparencia y participación deben ser los ejes centrales de lo público en Hurlingham. Debemos recuperar la posibilidad de un Estado que consulte, que haga parte a la ciudadanía de sus decisiones y que pueda explicar en que invierte sus recursos, al tiempo que elabore políticas públicas que trasciendan gestiones y no estén solamente pensadas en clave electoral.

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