Por Virginia Blazquez.
La gobernadora María Eugenia Vidal redujo el reclamo de los gremios docentes a una simple cuestión partidaria. «Que digan si son kirchneristas» dijo. Desconoce las luchas que el magisterio lleva adelante desde 1881, desde la presidencia de Julio A. Roca.
Más allá de las chicanas, la negociación entre los gremios docentes y el gobierno no logra avanzar a pesar de que la primera convocatoria fue a fines de febrero pasado. El eje del problema son las propuestas insuficientes por parte del Ejecutivo bonaerense: la mejor propuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal fue un aumento del 19% mientras que los gremios exigen una suba del 35%. La propuesta oficial incluyó el pago de la mejora en tres cuotas; una cláusula gatillo por inflación, un plus único a modo de adelanto del eventual acuerdo paritario y una bonificación especial de mil pesos para los maestros que no hicieron paro. Todo fue descartado de plano por los gremios mayoritarios por insuficiente.
A la fecha, apenas trascendieron algunas estimaciones gremiales respecto de lo que significaría la mejora propuesta en términos concretos. En billetes, un aumento del 19% significaría unos 118 pesos para el docente que recién se inicia o unos 170 pesos para el maestro con la máxima antigüedad (25 años de servicio).
Nada, absolutamente nada se ha dicho sobre cuánto costaría la mejora en término de masa salarial, es decir cuánto dinero extra deberá desembolsar la administración provincial respecto de lo presupuestado para el presente ciclo. Tampoco trascendió cuánto mejorará el salario básico docente que hoy redondea los 4200 pesos para el maestro de grado ni a través de qué mecanismos el gobierno de Vidal garantizará el pago del salario mínimo, que hoy es de 9800 pesos (con un 10% pagado por Nación a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente -FONID), y que los gremios reclaman que desde este año debería superar los 13 mil pesos que definen la línea de pobreza.
El ojo del huracán es la negativa del gobierno nacional a abrir las paritarias federales. El gobierno de Mauricio Macri no está dispuesto a seguir financiando el salario de los maestros en el marco del «sinceramiento» de las cuentas públicas que encaró desde el inicio de su gestión.
En 2016, la mesa de paritarias nacionales había acordado un mecanismo de actualización automática a través del cual garantizaba que el maestro ingresante (aquel que no tiene antigüedad por lo tanto sólo percibe el correspondiente al básico y adicionales) percibiera un salario mínimo más un 20%, que llevaba el salario mínimo garantizado a $9700.
Se estimó que con un aumento salarial del orden del 32% más el pago del FONID, aquella mejora salarial acordada por las provincias y el Ministerio de Educación nacional, llevó el aumento final al 40%, muy superior a las previsiones oficiales de inflación que indicaban que en 2016 iba a ser de 25%. Y muy por encima de las expectativas presidenciales.
Ahora, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal convocó a una reunión técnica salarial y amenazó -de hecho ya inició las acciones administrativas- con quitarles las personerías jurídicas a los gremios que no acaten la conciliación obligatoria. Los sindicatos y algunas instancias judiciales que les dieron la razón, argumentan que no pueden sancionarlos por no acatar una conciliación a nivel provincial, cuando los paros que realizaron habían sido convocados por las centrales nacionales.
ACUSACIONES EN UN AÑO ELECTORAL
El contexto general de esta discusión es un año electoral en el que los gobiernos de Cambiemos se juegan la posibilidad de mantener o aumentar el número de legisladores nacionales, provinciales y municipales. En ese marco, el argumento oficial intenta instalar que el reclamo salarial docente es infundado y que los gremios sólo son funcionales a estrategias desestabilizadoras pergeñadas por la oposición. Vidal hasta le puso apellido a la acusación: «Que digan si son kirchneristas», desafió.
Un planteo de estas características desconoce todas las luchas que el magisterio lleva adelante casi en continuado desde 1881 durante la presidencia de Julio Argentino Roca, cuando las maestras de la Escuela Graduada y Superior de San Luis realizaron el primer paro en contra de los recortes salariales a los empleados estatales y en reclamo de sueldos adeudados.
Ya a mediados del siglo XX, con la provincia de Buenos Aires gobernada por Oscar Alende, tomó forma el Movimiento Pro Dignificación del Magisterio Bonaerense con sede en Luján, que reclamaba mejoras salariales y una escala de bonificaciones acorde con la antigüedad para equipar los sueldos bonaerenses con los nacionales.
A fines de 1958 comenzó una huelga por tiempo indeterminado, que se extendió durante un mes hasta que la Legislatura bonaerense aprobó la equiparación salarial reclamada y el 25 de ese mes, el Estatuto del Docente. Ese movimiento, está en la base de la creación de la Federación de Educadores bonaerense (FEB), actualmente conducida por Mirta Petrocini. La FEB forma parte de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) que integra la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Internacional de la Educación (IE)
En junio de 1983, ya encaminada la recuperación de la democracia, un grupo de trabajadores docentes realiza el primer paro docente a la dictadura. Diferentes «uniones de trabajadores» docentes del conurbano se unieron y conformaron el Frente Gremial Docente. Y desde allí, entre agosto y setiembre de 1986 se constituyó el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba) que actualmente conduce Roberto Baradel. Suteba está afiliado a CTERA (Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), a la Internacional de la Educación (IE) y a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)
De la mano de CTERA, en 1988 Suteba participó de la huelga que se realizó entre marzo y mayo y que concluyó con la histórica Marcha Blanca. En esa oportunidad, 80 mil docentes de todo el país confluyeron en Capital Federal reclamando paritarias, Ley Nacional de Educación y salario unificado.
Ya bien entrada la funesta década del 90, más de mil días demandó la protesta de la Carpa Blanca instalada por los maestros frente al Congreso nacional en reclamo de Ley de Financiamiento Educativo, la derogación de la Ley Federal de Educación y contra las políticas instrumentadas durante el gobierno de Carlos Menem. La Carpa se mantuvo erguida entre el 2 de abril de 1997 y el 30 de diciembre de 1999.
Tampoco el kirchnerismo fue ajeno a los efectos de las protestas docentes. A modo de ejemplo, sólo en 2014, se contabilizaron 17 jornadas de huelga del magisterio bonaerense. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo paritario, el por entonces gobernador Daniel Scioli dispuso por decreto un aumento salarial de 30,9%.
LOS GREMIOS DOCENTES DE LA PROVINCIA
Suteba y la FEB son actualmente los gremios docentes mayoritarios en la provincia de Buenos Aires, pero no son los únicos. También integran el Frente Gremial, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y UDA. Y la lista no termina: otros gremios participan de las negociaciones paritarias UDocba (CGT) y los auxiliares docentes de UPCN; ATE (CTA) y SOEME.
En ese crisol de referencias políticas, Vidal creyó ver el fantasma del kirchnerismo. Desconociendo más de un siglo y medio de protestas salariales en demanda de mejores salarios, que permitieron la consolidación del salario equitativo para la docencia de la Provincia, que fue incorporando las diferencias y heterogeneidades que implica el ejercicio de esta profesión en los diferentes ámbitos y geografías bonaerenses. También negó el hecho de que en las dos décadas pasadas significó la recomposición de los sueldos, no sólo en términos de poder adquisitivo sino en la incorporación y el blanqueo de sumas como «presentismo» y «material didáctico», que perjudicaban a los maestros retirados.
Muchas de las huelgas docentes de los últimos años exigieron la transformación de esas sumas pagadas «en negro» a conceptos bonificables y remunerativos que hoy finalmente integran el salario líquido.
El actual reclamo salarial de los maestros contempla la exigencia de la apertura de las paritarias nacionales para que en ese ámbito la Nación y las provincias junto a los representantes de los docentes definan un salario mínimo común y las garantías a través de las cuales el gobierno nacional avale su cumplimiento.
Macri y su equipo se niegan a habilitar las paritarias nacionales. El titular de la cartera educativa, Esteban Bullrich explicó: «No pagamos salarios, no tenemos escuelas. Sí tratamos el calendario escolar el resto de las condiciones laborales y la carrera docente» y sentenció: «Ahora el protagonismo lo tienen las provincias».
Los gobiernos provinciales no hacen lugar a los aumentos que piden los gremios argumentando que no tienen fondos para enfrentarlos. «La provincia de Buenos Aires está fundida, y esto no es una forma de decir, esto es la realidad», afirmó la gobernadora. «La Provincia, como si fuera una familia, tiene más gastos que ingresos», remató.
Los gremios bonaerenses piden un aumento salarial del 35% para el salario mínimo que no llega hoy a los 10 mil pesos. ¿De dónde surge ese porcentaje? El acuerdo paritario de 2016 que habilitó un inicio de clases sin sobresaltos en la provincia contemplaba una mejora del 34,5% más una cláusula «gatillo» para garantizar el poder adquisitivo de los maestros no se viera afectado por la inflación.
Los gremios estimaron que la inflación de 2016 llegó al 45%, con lo que el salario cayó entre 8 y 10 puntos. De esa forma llegaron a 2017 con un reclamo que incluía 10% de lo perdido en el año anterior y el 25% correspondiente a las proyección de inflación previstas para el presente ciclo, lo que arroja un reclamo de aumento salarial del orden del 35%. Casi el doble de lo que ofrece la Provincia.