Por Rody Rodríguez.
Julio Cesar Grassi fue el más famoso de los sacerdotes. El más mediático y el de mayor relación con el poder. Su figura era impoluta, era también un intocable. Creador y presidente de la fastuosa Fundación Felices los Niños, fue un mimado del menemismo, apadrinado y solventado por el ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo.
INVESTIGACIÓN Y DENUNCIA
Pero el derrumbe del sacerdote se produjo hace 20 años, el 23 de octubre 2002, cuando en el programa Telenoche Investiga por Canal 13, la periodista Miriam Lewin reveló denuncias contra Grassi por abuso sexual a jóvenes internados Hurlingham, en la Fundación Felices los Niños.
El (titulado ¡“con los chicos no!) incluyó una entrevista con un joven (nombrado «Gabriel») que afirmó -con su rostro cubierto- que Grassi le había practicado sexo oral en 1998 cuando tenía quince años.
En medio del estupor generalizado que generó la emisión de ese programa, el juez de Morón Alfredo Humberto Meade, dictó la orden de captura del sacerdote.
Como una ironía del destino, Grassi, el cura más mediático de la Argentina, fue detenido en un canal de televisión.
Julio Grassi había intentado contrarrestar la denuncia en una entrevista en el programa Edición Chiche de Samuel Gelblung. En una mesa, el cura frente al conductor y los periodistas Mauro Viale y Eduardo Feinmann, dijo que era inocente y que estaba en paz consigo mismo. Segundos después, Feinmann apareció en cámara para avisar que se acercaba la Policía a detenerlo. Grassi se esfumó. Durante doce horas se mantuvo prófugo. Al mediodía siguiente se entregó en el programa Mediodías con Mauro, de Mauro Viale.
El periodista Rodolfo Palacios retrató ese instante en una nota publicada en Infobae en octubre de 2021. «El cura Julio César Grassi miró a la luz, que casi lo cegaba, y dijo: ‘Juro por Dios que soy inocente. He cometido otros pecados, pero no ese’. No era una luz divina, sino la de una cámara de canal 9. Mientras los policías lo buscaban desde el 23 de octubre de 2002 por abuso de menores, el sacerdote no se refugió en una Iglesia a rezar. Su especie de altar desde el que se defendió de las acusaciones fue en un set de tevé».
Ese jueves 24 de octubre, declaró durante cinco horas ante el juez Meade, negó las acusaciones en su contra y acusó de extorsión a uno de los chicos denunciantes. Quedó detenido en la DDI de Morón, alojado en la celda des-tinada para violadores o policías detenidos.
El periodista Carlos E. Cué en una reseña del caso publicada en el diario El País de España en 2017, dijo que «desde ese día se inició una enorme batalla de poder, con todos los ingredientes habituales de un país acostumbrado a las operaciones oscuras: espionaje, amenazas, chantaje. Grassi se defendió con dureza: acudió a todos sus contactos para reivindicar su inocencia y contrató los mejores abogados».
Análisis acertado de Cué. Grassi tuvo para su defensa a los abogados más caros del país: el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, Jorge Sandro, Carlos Telleldín, Cuneo Libarona, Miguel Ángel Pierri (que terminó preso por presionar contra un testigo del caso), Daniel Cavo, el ex juez Julio Virgolini, Rodrigo González y Fernando Burlando, entre otros.
«Sus abogados daban muestra de la plata que había invertida en defenderlo. Era el cura del poder, el sacerdote del poder, el símbolo de la Iglesia con el menemismo, el vínculo con Alfredo Yabrán, que aportaba plata, Jorge «Corcho» Rodríguez con Susana Giménez usaban su programa para donaciones. De máximo, la Fundación era usada para lavar dinero, de mínima, para expiar culpas de muchos de lo que significó el menemismo en materia de corrupción», es el testimonio del periodista Rodrigo Alegre, en el libro «Prisioneros» de Lucía Salinas y Lourdes Marchese.
El caso Grassi dejó en shock a la Iglesia Católica. En noviembre de 2002, las máximas autoridades eclesiásticas emitieron un comunicado en el que denunciaron una «campaña» en con el fin de «desdibujar la imagen» de la Iglesia católica y hacer que la institución perdiera «la confiabilidad que le reconoce la sociedad». El comunicado llevó la firma de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina encabezada por el arzobispo Estanislao Esteban Karlic de Paraná, y sus vicepresidentes primero, monseñor Eduardo Vicente Mirás de Rosario, y segundo, cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, que había sido confesor de Grassi.
Días después se conocieron más denuncias por abusos, con testimonios de jóvenes que se conocieron como «Luis» y «Ezequiel».
La defensa de Grassi logró apartar al primer fiscal (Adrián Flores reemplazado por Rita Bustamante) y al juez Meade, quedando la causa en manos de la jueza Mónica López Osornio, que lo procesó en noviembre de 2002 por abuso sexual agravado, auque permaneció en libertad morigerada, con el condicionamiento de que no mantenga contacto con los menores de la Fundación.
La causa inició un derrotero que parecía interminable. Siempre con Grassi en libertad.
En la primera pericia psicológica a la que sometió el sacerdote, en agosto de 2005, los resultados hablaron de «indicadores similares del perfil psicológico de un delincuente sexual». El juicio oral comenzó recién el 19 de agosto de 2008.
Días antes, Juan Pablo Gallego, abogado del Comité Internacional de los Derechos del Niño y querellante en el juicio, entrevistado por Raúl Coria y Marcelo Solís, para El Ciudadano, dijo: «Este hombre (Grassi) con su caudal de abogados famosos ha pretendido atropellar a la justicia. En cierto modo se puede decir que en un punto tuvo éxito, en postergarlo, pero estamos acá discutiendo 17 hechos probados de abuso y corrupción de menores en su fundación, y él, con su prédica, ha montado una especie de circo romano para protegerse. Se va a sentar en el banquillo de los acusados no solo un poderoso hombre de la iglesia y el más mediático, si no a alguien que cuenta con un enorme apoyo de diferentes centros de poder». Para afianzar el concepto, Gallego comparó la supuesta libertad morigerada de Grassi a la que consideró «una libertad absoluta, sin restricciones. Nadie mira lo que hace, nadie controla nada» mientras que los chicos denunciantes, «Gabriel», «Luis» y «Ezequiel» quedaron bajo un sistema de protección de testigos. «Estos chicos no han tenido vida» sostuvo el abogado y agregó: «a la situación desgraciada de haber sufrido estos hechos se le suman estos seis años de padecimientos, con ame-nazas, con intentos de extorsión… la situación de estos chicos es dramática».
Durante el juicio, que duró nueve meses, se escuchó el testimonio de más de 130 testigos.
El 9 de junio de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón, integrado por los jueces Luis Andueza, Jorge Carrera y Mario Gómez, lo encontró culpable de dos hechos de abuso sexual y corrupción de menores agravados en el caso de «Gabriel», y fue absuelto de otros 15 cargos de abuso que se le imputaban. Lo condenaron a 15 años de prisión, pero le permitieron permanecer en libertad hasta que el fallo quedara firme.
Enrique Stola, el psiquiatra que atendió a dos adolescentes víctimas del cura y que fuera uno de los tantos testigos en el juicio, cuestionó que el condenado no fuera preso. «Los mismos jueces que lo encontraron culpable de abuso sexual agravado y corrupción de menores, dispusieron que Grassi pudiera volver a la escena del crimen, la Fundación Felices los Niños, acompañado por un tutor elegido por él mismo. Solamente la lógica de la complicidad puede explicar el dictamen del Tribunal», razonó.
El 9 de marzo de 2012, monseñor Luis Eichhorn, el obispo de Morón que reemplazó a Justo Laguna, solicitó a la Justicia que autorizara el traslado de Grassi a la diócesis de Morón y que pudiera vivir en La Blanquita, un confortable chalet en la calle Gorriti, que le alquiló su amigo Juan Domingo Pérez cuando empezó el juicio. La finca estaba en la misma cuadra que el predio de la Fundación, donde se habían cometido los abusos sexuales, pero para los Tribunales de Morón, esa cercanía no fue relevante y accedieron a lo solicitado por el obispo Eichhorn.
El 23 de septiembre de 2013, luego que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires confirma la condena, el Tribunal en lo Criminal de Morón ordenó la inmediata detención de Grassi.
El 21 de marzo de 2017, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia contra el cura pederasta.
Habían pasado 17 años de la primera denuncia en el departamento Judicial de Morón; 15 años después del impactante informe de Telenoche Investiga, y 8 años desde que la Justicia comprobó que Grassi era un abusador.
Durante gran parte de ese tiempo Grassi estuvo en libertad, pero desde el 2013, su lugar en el mundo empezó a ser la Unidad Penitencia 41 ubicada en Campana, en la Provincia de Buenos Aires, donde permanecerá hasta el 7 de julio de 2026. Allí sigue dando misa, porque sigue siendo sacerdote.
Carlos Cué escribió en El País de España, «el caso tiene un trasfondo aún mayor. A pesar de la política de tolerancia cero con los curas pedófilos impulsada por el Vaticano (…) Grassi sigue siendo cura y viste el alzacuello en la cárcel. El sacerdote reivindica que la Iglesia le sigue apoyando y que tiene el respaldo nada menos que del papa Francisco».
Durante todos los años que duró la causa, los querellantes denunciaron que desde el entorno de Grassi, quien contaba con grandes conexiones con el poder político, mediático y empresarial del país, intentaron entorpecer la investigación.
El abogado Juan Pablo Gallego aseguró a Telam: «Grassi manejaba los medios, él era famoso y muy poderoso, tenía como 30 abogados. Siempre se intentó frenar la causa, tuvo un apoyo descomunal» y recordó que «balearon a testigos clave, casi secuestran a una víctima y le cortaron un dedo a otro», entre otros episodios violentos.
Por ejemplo a Enrique Stola le entraron tres veces a su casa y hasta le dieron una paliza. «Era gente muy pesada la que rodeaba el cura», rememoró.
UN ANTES Y UN DESPUES
20 años después de esa denuncia, Stola considera que el caso «fue un antes y un después no sólo en las denuncias contra la Iglesia sino también en los abusos que ocurren a nivel intrafamiliar. Se empezó a hablar en toda la sociedad del abuso sexual de las infancias».
«La clave del caso fue la solidez de las palabras de los chicos que denunciaron. Creo que la gente denuncia más a partir del caso Grassi pero también a partir del trabajo que hizo el feminismo para poner este tema en agenda. Se escondía mucho antes, no se le creía a la palabra de los niños», aseguró el psiquiatra.