Por Rody Rodríguez.
Justicia trucha y alivio para Lucas Delfino. El gobierno de Cambiemos intenta sacarse de encima el escándalo de los aportes truchos y operó con éxito en la justica para no sea investigada por el fuero Penal y lo siga la Justicia Electoral. Reemplazan cárcel por multas.
La investigación sobre posible lavado de dinero vinculada a la causa de aportantes truchos de la campaña Macri 201, ya no estará en manos del Juez Sebastián Norberto Casanello.
El fiscal Carlos Stornelli (sobre el que ahora pesa una muy seria y dura denuncia por extorsión) le pidió al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, que aparte a Casanello de esa causa y la derive a la Justicia Electoral.
Es el mismo procedimiento que tuvo la causa de aportantes truchos que investigaba el titular del juzgado federal Nro. 3 de La Plata Ernesto Kreplak y que tenía seriamente comprometido a Lucas Delfino, como principal organizador de la ruta de supuestos aportes, que más de una docena de vecinos de Hurlingham hicieron el mismo día y a la misma hora, en un cajero en La Recoleta. Por esos procedimientos truchos el juez Kreplak ya había imputado al contador de Hurlingham Carlos Martínez, señalado como el recaudador de Delfino.
Para alivio justamente de Delfino el gobierno macrista operó, esta vez eficazmente, para debilitar las causas. Primero logró apartar al fiscal Hernán Schapiro, que había sido el que impulsó la investigación penal. Su lugar fue ocupado por Guillermo Héctor Ferrara, (el mismo que avaló los aumentos del gas en la provincia; el mismo que rechazó el reclamo por tarifazos de intendentes y diputados argumentando falta de legitimidad –ver página 3).
Como broche de oro, el voluminoso expediente que estaba en las oficinas del juez Kreplak pasó al del juez electoral Adolfo Gabino Ziulu.
Ese cambio de rumbo ocurrió luego de que el periodista Hugo Alconada Mon confirmara lo que ya había escrito en su libro La Raíz de Todos los males que Macri les pedía a los empresarios el uno por ciento de su patrimonio para la campaña, en negro, bajo promesas de obtener beneficios a la larga con su gobierno.
LAVADO DE CAUSA
El lavado de la causa que investiga el lavado de dinero, fue para Lucas Delfino una de las mejores noticias. Lavado de dinero, falsedad ideológica, usurpación de identidad y falsificación de documentos públicos son algunos de los delitos por los que Delfino hubiera tenido que responder si la causa avanzaba por carriles normales.
Si los jueces Kreplak o Casanello seguían con las investigaciones, era casi inevitable que lo citaran a declarar, con la posibilidad cierta de que el joven concejal macrista quedara imputado.
Es que es apabullante la cantidad de pruebas en contra de Cambiemos, miles de casos de aportes irregulares a la campaña oficialista que llevó como candidatos a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en la provincia y a Lucas Delfino en Hurlingham. Se sumaron declaraciones en juzgados de centenares de personas afirmando que no habían aportado dinero y que tampoco estaban en condiciones económicas de hacerlo, y muchos aseguraron ni siquiera estar afiliados al PRO.
EL CASO HURLINGHAM
El caso Hurlingham, con la utilización de los datos de 17 vecinos que aparecieron aportando todos juntos, el mismo día y hora en el Banco Nación de Recoleta, fue uno de los actos de mayor impudicia. Pero no fue solo eso. Ex militantes y dirigentes de espacios políticos que formaban parte de la Alianza Cambiemos, aparecieron como aportantes, sin que ellos lo supieran. Fue el caso del ex presidente de Fe en Hurlingham, Mauricio González; del referente de Morris Héctor Toti Varela; o de los comerciantes Emiliano Duarte, Laura Calper, Nicolás Bianco, entre muchos otros.
Más bochornoso fue el caso de César Sorrentino y Ángela Tiscornia, dos jubilados que se ocupaban del mantenimiento del local partidario de Cambiemos en Rubén Darío. Delfino no solo que nunca los ayudó, sino que además usó sus nombres para hacerlos aparecer aportante 20 mil pesos cada uno, cuando en realidad no podían sustentarse con la jubilación que cobraban.
Ahora, como señala la periodista Irina Hauser, “si todo queda en infracciones electorales, las consecuencias para los responsables son menores: multas o a lo sumo suspensiones, y quién sabe cuándo”. Es el juez electoral Ziulu quien debería determinar el correctivo económico y verbal a imponer sobre Cambiemos.
En conclusión, los delitos que podían merecer cárcel pueden ser castigados con multas o retos. Cambiemos festeja.