El juez de la causa sobre el financiamiento universitario dictó sentencia de fondo a favor del amparo presentado por las universidades. Pablo Luis Manili, representante legal del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), advirtió que el Ejecutivo ya incumplió una ley y tres órdenes judiciales, lo que abre la puerta a multas millonarias y denuncias penales por desobediencia. El jueves 15 se realiza una nueva marcha nacional.
Por Rody Rodríguez y Maru Pampin.
El conflicto judicial entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo Nacional sumó un capítulo determinante. El juez a cargo de la causa dictó sentencia de fondo y declaró la inconstitucionalidad del decreto presidencial que suspendió la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ratifica de forma definitiva la validez de la norma y expone al Gobierno a un complejo escenario legal por sus reiterados incumplimientos.
Pablo Luis Manili, catedrático de Derecho Constitucional de la UBA y representante legal del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), explicó el alcance del fallo y detalló el «derrotero judicial» que mantiene paralizados los fondos para la educación superior. «Conseguimos finalmente sentencia favorable. El juez ya dijo que ese decreto es inconstitucional, que la ley hay que cumplirla y que el presidente no puede suspender una ley del Congreso. Es algo tan elemental que hasta un chico de secundaria entiende que el Poder Legislativo legisla y el Ejecutivo debe ejecutar», sentenció.
El laberinto de las cautelares e incumplimientos
Para comprender el estado de la causa, Manili diferenció la discusión de fondo —resuelta esta semana— del carril de la medida cautelar que el CIN obtuvo a fines de 2024. Dicha cautelar ordenaba al Gobierno cumplir de forma urgente con los ítems más críticos de la ley: salarios docentes y no docentes, y becas para estudiantes vulnerables.
«El Gobierno no la cumplió, sino que la apeló. La Cámara de Apelaciones confirmó la medida y el Gobierno tampoco cumplió; lo llevó a la Corte Suprema, que en junio de 2025 volvió a confirmar, y tampoco cumplieron», enumeró el constitucionalista. «Ya van una ley y tres órdenes judiciales desobedecidas. Ante esto, iniciamos la ejecución, el juez libró una intimación por cinco días que también apelaron, se les rechazó esa apelación y se les otorgó un plazo adicional de cinco días que ya está vencido».
Tras el vencimiento de este último plazo, el Ejecutivo realizó una presentación en el expediente que está bajo análisis del juzgado. El equipo legal de las universidades adelantó que, una vez despachado el escrito, solicitarán formalmente la aplicación de las multas diarias que el propio magistrado había anticipado en caso de reincidencia.
Una multa millonaria que pagarán los ciudadanos
Al ser consultado sobre el monto de las sanciones económicas, el letrado aclaró que la cifra final queda a criterio del juez, pero subrayó que debe ser proporcional a lo adeudado. «El propio Gobierno, cuando dictó el decreto suspensorio, estimó que el costo de cumplir la ley ascendía a unos 2,5 billones de pesos. Como solo se transfirió una mínima fracción, la multa diaria debería guardar relación con ese remanente sin cumplir», explicó.
No obstante, Manili lamentó el impacto financiero que esto tendrá sobre las arcas públicas debido a una modificación legislativa: «Muchos me preguntan en redes si la multa la paga el funcionario de su bolsillo. Lamentablemente, por una ley sancionada en 2013, se prohíbe que las sanciones pecuniarias afecten el sueldo personal del funcionario. La multa la vamos a terminar pagando todos los ciudadanos; este capricho nos va a costar carísimo».
«Chicanas», mentiras y riesgo penal
El representante legal del CIN fue categórico al describir la estrategia jurídica de la contraparte, catalogándola como un intento deliberado de dilatar los tiempos de la Justicia a través de recusaciones masivas a magistrados de primera instancia, de Cámara y de la propia Corte Suprema. «Presentan expedientes enteros de mil fojas para demorar el trámite y apelan todo. Es indescriptible», detalló.
Asimismo, cruzó con dureza los dichos del subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez: «Mienten deliberadamente a la sociedad. El subsecretario dijo que la ley está suspendida porque hay un juicio. Mentira, la ley está plenamente vigente y la Justicia penalizó al Gobierno en todas sus instancias». Para graficar el clima de hostilidad reinante, recordó una audiencia de conciliación celebrada en agosto: «Dijeron una cosa de palabra y, cuando se volcó en el acta, no la quisieron firmar y se fueron corriendo. A ese punto hemos llegado». En ese mismo marco de tensión, se sumaron las recientes amenazas en redes sociales denunciadas por Franco Bartolacci, rector de la Universidad de Rosario y presidente del CIN. «Cada día tenemos menos democracia», lamentó Manili.
Más allá de las penalizaciones económicas al Estado, el abogado advirtió que las autoridades nacionales enfrentan responsabilidades individuales. El artículo 239 del Código Penal tipifica el delito de desobediencia cuando un funcionario incumple una orden judicial directa. «Acá se está cometiendo un delito desde el mes de junio, momento en que la Corte Suprema dejó firme la cautelar», enfatizó.
¿Qué pasa con el dinero perdido por los trabajadores?
Un interrogante clave para los 265 mil docentes y 65 mil no docentes de todo el país es si este amparo les permitirá recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años. Manili aclaró que el amparo actual —impulsado por el CIN y 59 universidades nacionales— busca únicamente obligar al Estado a que aplique las actualizaciones correspondientes a la inflación acumulada (que ronda el 350%). Sin embargo, no cubre los retroactivos individuales.
«Si usted me debe mil pesos desde enero de 2024 y recién ahora me los devuelve, ¿estamos a mano? Por supuesto que no», ejemplificó de manera gráfica. «Toda esa diferencia que se fue arrastrando durante meses no está contemplada en esta acción colectiva. Cada trabajador va a tener que iniciar su propia demanda patrimonial por el retroactivo mediante juicios de empleo público. Lo ideal es que se agrupen para que sea un proceso más rápido y económico».
Hospitales al borde del colapso y una nueva marcha nacional
Finalmente, de cara a la nueva marcha universitaria convocada para este jueves 15, el catedrático remarcó que la movilización trasciende ampliamente el reclamo salarial del sector.
«Las universidades nacionales son un engranaje fundamental de la sociedad. Hay cuatro casas de estudios (UBA, Córdoba, La Rioja y Cuyo) que gestionan hospitales universitarios donde se atienden dos millones de personas al año«, detalló. El panorama en los centros asistenciales es crítico: «Están al borde del colapso; faltan insumos básicos como gasas y algodón. El Hospital de Clínicas es un monstruo que sostiene la salud pública y hoy está desamparado».
A esto se suman los consultorios odontológicos, veterinarios y jurídicos gratuitos que brindan servicios esenciales a la comunidad. «No defendemos una cuestión sectorial; defendemos un valor de jerarquía constitucional que es la educación pública. Cuando el Estado se retira y deja de garantizarla, se transforma en un privilegio exclusivo para los ricos. Por eso, este jueves tenemos que estar todos presentes«, concluyó.
