La Justicia ordenó rematar los muebles de la Fundación Felices los Niños, la ONG que lideraba el padre Julio César Grassi, actualmente preso por abuso sexual agravado. En la subasta se venderán desde estatuillas de santos hasta máquinas de coser y anafes de cocina.
El abogado de las víctimas de Grassi, Juan Pablo Gallego, explicó que la medida fue ordenada después de que el Gobierno bonaerense detectó irregularidades administrativas en el manejo de 18 millones de pesos en subsidios y la intervino para cerrarla definitivamente. “A raíz de esta decisión se multiplicaron los juicios laborales, que derivaron en el remate del mobiliario”, agregó.
La subasta será mañana miércoles a las 17 en Avenida de Mayo 1152 y habrá un total de 122 lotes. Tres órganos, jarrones, vasijas y cinco vagones antiguos de ferrocarril son algunos de los elementos de la fundación que pasarán a tener otros dueños. En el catálogo también hay seis contenedores marítimos, ventiladores, hornos, estufas, juegos de plaza, lavadoras industriales y 90 metros de rieles. La exhibición se realiza en lo que era la sede de la Fundación, en Gorriti 3520 de Hurlingham.
El cura Grassi, que fundó este complejo asistencial y lo dirigió durante más de 10 años, fue condenado a 15 años de prisión por abuso reiterado y corrupción de menores y está preso en el penal de Campana. Aunque en marzo la Corte Suprema ratificó la condena, en noviembre recibió el beneficio del 2×1, aun así el cura seguirá tras las rejas hasta el 2026.
Luego la Fundación Felices los Niños fue presidida por Juan Manuel Casolati, y dos años la gobernadora María Eugenia Vidal decidió intervenirla por no presentar información contable desde 2008, ni los balances de los 18 millones de pesos que el gobierno de Buenos Aires le daba como subsidio. Por eso, resolvieron cerrarla y reubicaron a los 52 chicos que estaban alojados ahí con familias adoptivas, de sangre o en otros hogares.
Autoridades provinciales afirman que la ONG tiene deudas por cerca de 100 millones de pesos con la AFIP y enfrenta alrededor de 450 juicios laborales. En paralelo, sigue el proceso de desalojo de los dos inmuebles que tenía en Capital Federal, uno en el barrio de Flores y otro en Monserrat.
Gallego explicó que todavía no se sabe qué pasará con el predio de 65 hectáreas de la entidad en la localidad bonaerense de Hurlingham. Trascendidos sobran, se habla desde el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario, hasta de la construcción de un hospital de alta complejidad. En la discusión sobre el futuro del predio participarán el obispado de Morón, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires (principalmente la Dirección de Cultura y Educación); la Municipalidad de Hurlingham y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (la ex ONABE).