Por Aldana Farinelli ||
La Red contra la violencia institucional en Hurlingham, formada recientemente, brindó una conferencia de prensa en la que presentó las denuncias contra el intendente Luis Acuña por contratar policías exonerados en el distrito que portan armas, no cuentan con identificación y reprimen, principalmente, a las organizaciones populares.
El director del diario El Espejo, miembro de la Rotonda Cultural y de la Red, Jorge Pagés, explicó: «Desde que se creó el Comando de Prevención Comunitaria -COM-, a partir de la policía municipal, Acuña asume un poco la conducción de toda la fuerza política, está en la mesa de las decisiones, elige a los jefes, los responsables de logística, está a cargo de la escuela de formación, es decir, elige también el personal».
En la policía municipal Acuña es el encargado de contratar a quienes cumplen ese servicio, informó Jorge Pagés y agregó: «Es un servicio en el cual no deben ir armados. Es una policía de proximidad, son empleados municipales en realidad, son civiles. Desde que ocurrió esto han empezado a haber conductas no novedosas pero la policía ha comenzado a estar como fuerza de choque del intendente».
Las denuncias
Pagés recordó un hecho que ocurrió el año pasado: «Seis chicos de la Rotonda Cultural estaban pintando en una pared, que era usada habitualmente y sigue siendo usada por la cuadrilla de pintores del intendente, para propagandizar el encuentro de mujeres que se realizó acá en Hurlingham y fueron detenidos a partir de un aviso que da el COM, que estaba con las cámaras monitoreando en esa esquina, y a raíz de este aviso, vinieron varios patrulleros, los cargaron, los llevaron y los tuvieron detenido un tiempo».
Jorge Pagés agregó: «A los chicos les hicieron sacar los cordones como si los fueran a meter en el calabozo, después los llevaron a hacer la revisación. Eran cuatro chicas y dos varones. A los varones los llevaron a la clínica Sagrado Corazón, a las chicas las llevaron a la policía de Morón, allí les hizo la revisación un medico, que supuestamente era medico pero no se identificó, acompañado por una mujer policía. Esto está fuera del protocolo porque en realidad la tiene que revisar una médica mujer y les decía que se levanten la remera, que se pongan en ropa interior, las chicas se negaron y la mujer policía las presionaba. Todo un cuadro que configura un abuso policial».
Luego de este hecho hubo un intento de desalojo del corso que organiza la Rotonda Cultural todos los años en el que se movilizaron «más de una docena de vehículos policiales» con efectivos de la comisaria primera y del comando de la patrulla comunitaria sin placas de identificación y, además, «nunca se explicó el motivo» resaltó el director del diario El Espejo y denunció que la policía se encuentra al servicio de la campaña o «de los caprichos del intendente».
En ese operativo también se llevaron detenido, a unas 12 cuadras, a un chofer que había descargado un escenario que era de la Rotonda, y «como tenía todos los papeles en regla le dijeron que se había pasado un semáforo en rojo, lo llevaron a la comisaria con el camión y una vez ahí lo presionaron para que fuera a cargar todo lo que había descargado en el predio o le secuestrarían el vehículo» relató Jorge Pagés.
Además, otros miembros de la Red contra la violencia institucional, como Ana, del Centro Cultural Kichari Huasi, fueron víctimas de la policía local y denunció: «El 16 de mayo hicimos un festival de rock, luego del intento de desalojo esto era como para volver a ponernos en la calle, y nuevamente llegaron diez patrulleros, ninguno con identificación, algunos lo reconocíamos porque son los policías del barrio, aparte con presión, amenazas, realmente una situación inadecuada porque no tenía paralelismo entre lo que estábamos intentando hacer nosotros y el nivel de represión que había».
Al concluir el festival, narran los miembros de la Red, los vehículos policiales siguieron a una camioneta del Centro Cultural que se detuvo frente a la casa de la Rotonda y, con amenazas de detención, les pidieron el documento a quienes se encontraban allí pero en este caso los policías se identificaron ya que el Jefe de Calle de Villa Tesei, Guilllermo Aybar, denunciado por casos de coimas, era quien estaba a cargo de ese operativo.
«Aybar estuvo implicado a posteriori en la coima por la cual dejo escapar a tres piratas del asfalto y ese es otro de los temas que demuestra el grado de preocupación por lo que está sucediendo con la policía. Lo de las coimas tomó estado público hace tiempo, una policía que denunció y que ha sido amenazada de muerte por Aybar. Eso está en curso de investigación todavía pero el hecho más grave se presenta en el Comando de Operaciones Municipales (COM) con la presencia de, un policía al menos, pero probablemente sean más, existen indicios, exonerados de la bonaerense que han estado portando armas» denunció Jorge Pagés.
Policías exonerados y armados
En cuanto a estas dos denuncias que fueron realizadas en la UFI nº 8 de Morón a cargo de la Dra. Adriana Suarez Corripio y otra en Comodoro Py en el Juzgado Federal nº 2 a cargo del Dr. Sebastián Ramos incluyen fotografías que los muestran con uniformes portando armas, como si perteneciera a la fuerza pero en realidad no son parte de la policía bonaerense, están exonerados y fueron echados, aparentemente, por «faltas graves» agregó el director de El Espejo.
Por otro lado la Copresidente De La Liga Argentina Por Los Derechos del Hombre, Iris Pereyra de Avellaneda agregó: «El señor Acuña le ha hecho contrato de locación de servicios a todos estos delincuentes. Lo bueno es que se ha podido hacer la denuncia y ahora el RENAR va a tener que sacarles el arma. Además acá estamos con el caso Candela y esta todo tapado, toda esa delincuencia esta acá, toda esa policía está con contrato del Sr. Acuña. Esperemos que el juez tome medidas de esto porque no hay tranquilidad».
En cuanto a los hechos represivos la Funcionaria de la provincia de Buenos Aires, Natacha Ghergo, los definió como «una metodología política de persecución a organizaciones populares» y agregó: «Por algún motivo lo que no quieren es que nos organicemos y tomemos espacios públicos para celebrar nuestros derechos» y se sumó a las denuncias por «el amedrentamiento cotidiano, la violencia y la persecución» de la cual también ha sido víctima y recordó un hecho en particular: «Siete policías no querían que hiciéramos una canchita de futbol en una plaza. Los mismos policías dieron el nombre de que Verónica Pérez, mano derecha del Intendente, dio la orden de que nos desalojaran. Los mismos policías diciéndonos: «no podemos entender como nos mandan a hacer estas cosas».
Los denunciantes conocen el tenor de su denuncia y es por eso que Iris Pereyra advirtió: «Hay que estar alerta por si hay alguna represaría, alguna amenaza» y Natacha Ghergo agregó: «No hay que tener miedo, lo que esperan es que tengamos miedo y nos quedemos adentro, nosotros ganamos en organización y también ganamos cuando dejamos de tener miedo»
El policía exonerado por el cual se realizó la denuncia, que incluye dar información falsa al RENAR, es Gustavo Contreras que fue despedido de la fuerza en el año 1994 y, por otro lado, las denuncias por portación de armas están basadas en 72 capturas de pantallas de la página de Facebook de varios policías que publicaron fotos con armas como el caso de un exonerado que, vestido de policía y con un móvil detrás de él, expuso una foto portando un M-16, utilizado por el ejército americano.
Red contra la Violencia Institucional
A raíz de estas situaciones surgió la necesidad de «poner freno a esta situación y encabezar junto con la Liga de Derechos Humanos esta denuncia y decir basta» resaltó Natacha Ghergo y agregó: «Celebramos que sea la primera vez que nos juntamos seriamente a armar esta red. Tenemos reuniones cotidianamente no solo con casos puntuales sino con la lógica de poder aportar en nuestra comunidad, cómo hacemos para acompañar a los pibes que no tiene voz ni voto en nuestros barrios que los agarran, quedan presos, les pegan, tienen miedo, los usan para trabajar, son la manos barata de la policía y les arman causas».
Por su lado, Iris Pereyra rescató: «Lo bueno de esto es que saquemos a la luz las denuncias que hemos hecho a toda esta gente que está trabajando, no a favor de nosotros, en contra de nosotros. En Hurlingham es importante que la gente sepa qué clase de mafia tenemos acá, con qué gente estamos conviviendo. Hay que seguir la lucha, tratemos de sumar más gente para que tengamos el apoyo, ahora que tienen que ir a declarar los chicos juntémonos, acompañémoslos, porque son jóvenes y ellos solos no van a hacer nada. Nosotros tenemos que acompañarlos».
«Nos interesa que se vea que esto tiene una enorme gravedad institucional, no es una tontería. Tenemos que lograr que esto termine, sabemos que con una denuncia no vamos a modificar a la bonaerense en su esencia pero por lo menos tratemos de que esto no siga avanzando en nuestro distrito» remarcó el director del el periódico El Espejo.
Natacha Ghergo cuenta esperanzada: «La organización nuestra puede condicionar a que esto deje de suceder en algún momento porque las decisiones de esto son decisiones políticas. Generamos una correlación de fuerzas que trasciende las fronteras partidarias porque en esta red hay distintos partidos que por ahí no confluimos electoralmente pero si confluimos en la reivindicación de los derechos de nuestros pibes y nuestros compañeros, que han dado el puntapié inicial».