Por Rody Rodriguez
El bloque de Concejales del Frente Renovador impuso su mayoría para evitar que se apruebe un proyecto de Resolución presentado por el Frente para la Victoria, en el cual se solicita la derogación de la Ley 11.757 denominada “Estatuto para el personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”.
Esta norma que se intenta derogar fue sancionada en 1994, durante la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador, que argumentando la emergencia económica y social dictada en la provincia en esa época, destruyó la estabilidad laboral de los agentes municipales.
Esa ley avasalló la autonomía de los municipios, impidiendo que cada administración municipal regule las relaciones de empleo con sus agentes. A partir de la aplicación de esa ley los Concejos Deliberantes no tuvieron más la facultad de organizar la carrera administrativa.
Pasaron 20 años, y además de los años otras cosas pasaron en la Argentina, por ejemplo en la última década le fueron restituidos derechos a los trabajadores de casi todos los sectores. Se reestablecieron las paritarias, una herramienta clave en defensa de las condiciones de trabajo y del salario; también en el 2004 el gobierno de Néstor Kirchner derogó la nefasta “Ley Banelco” que la Alianza había implementado bajo la oprobiosa figura de flexibilización laboral.
En la Argentina de hoy los trabajadores dejaron de tener un lugar marginal en la economía, sin embargo, los municipales sufren postergaciones inadmisibles. No hay para ellos discusiones paritarias, y sufren injustificadamente los efectos de leyes retrógradas como la 11.757, que los concejales kirchneristas reclaman derogar.
A algunos observadores les llamó la atención que este proyecto no contara con el apoyo del presidente del bloque acuñista, Humberto Nito Bertinat, ya que en su condición de titular del Sindicato de Trabajadores Municipales debería respaldar cualquier iniciativa que implique una mejora en las condiciones laborales de los afiliados de su gremio.
Su rol de representante de los trabajadores municipales tendría que obligarlo romper con la situación actual en la que sus compañeros no tienen estabilidad ni chances de llevar adelante negociaciones colectivas que dignifiquen su labor.
Puede ser que sostener esta postura lo enemiste con Luis Acuña, su jefe político, pero se supone que la responsabilidad sindical de Bertinat debe estar por encima de la obediencia política.
Lamentablemente nada de esto pasó. Y eso que simplemente se trataba de la manifestación de un deseo, que es solicitar que la Legislatura bonaerense derogue esa ley Provincial tan cuestionada por los trabajadores a los que Nito Bertinat se supone que representa.