La entidad que organiza la Feria del Libro de Buenos Aires expresó su «profunda preocupación» por la iniciativa que busca eliminar la Ley 25.542, que desde hace más de dos décadas regula el precio de los libros y protege a las librerías independientes. En un comunicado, advirtió que la derogación no fomentará la competencia sino que favorecerá la concentración del negocio en perjuicio de los eslabones más débiles de la cadena editorial.
La Fundación El Libro salió al cruce del proyecto que pretende derogar la Ley de Protección a la Actividad Librera (25.542) y encendió todas las alarmas del sector editorial. En un comunicado oficial, el Consejo de Administración de la entidad manifestó su «profunda preocupación» y advirtió que la eliminación de la normativa pondría en riesgo la diversidad bibliográfica, la competencia equitativa y la continuidad de las librerías independientes en todo el país.
La ley, en vigencia desde hace más de veinte años, establece un marco que fija el precio de los libros y busca evitar la competencia desleal de las grandes cadenas o plataformas digitales, protegiendo así a las librerías de menor tamaño. Para la Fundación, esa norma no es un mero instrumento comercial, sino «la columna vertebral» que sostiene a todo el ecosistema del libro. Y subrayan que cuenta con el respaldo unánime de todos los actores de la cadena: editores, libreros, distribuidores, autores y gráficos.
En su descargo, la entidad remarcó que las librerías son mucho más que puntos de venta: las definieron como «verdaderos faros culturales», espacios de encuentro democrático y promoción de la lectura que trascienden lo comercial. Y advirtieron que una eventual desregulación del precio del libro no generará más competencia, como sostienen sus impulsores, sino que dejará en situación de vulnerabilidad a los sectores más pequeños del mercado –librerías independientes, editoriales de menor escala y autores– y favorecerá la concentración del negocio en manos de unos pocos jugadores.
«La cultura es un derecho fundamental», enfatizó la Fundación, que convocó a editores, lectores y a la sociedad en general a pronunciarse en defensa de las librerías. El Consejo de Administración se declaró «en estado de alerta» y ratificó su compromiso de impulsar todas las acciones necesarias para preservar lo que consideran «el capital lector y cultural de los argentinos». Con este pronunciamiento, la entidad que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se suma al creciente rechazo que el proyecto despertó en distintos sectores de la industria editorial.
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