Después de 8 postergaciones, comenzó el juicio oral por la causa Chavanne-Grassi, también conocida como Banco de Hurlingham. Un claro ejemplo de la persecución a grupos económicos durante la última dictadura bajo la figura de ‘subversión económica’.
El pasado martes 2 de marzo comenzó el juicio oral por la causa Chavanne-Grassi, un caso emblemático sobre la persecución y represión a grupos económicos durante la última dictadura militar.
Se juzgarán los delitos cometidos contra 28 personas, entre directivos de ambas empresas, abogados y familiares, vinculados todos con el ya desparecido Banco de Hurlingham.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, pone por primera vez en el banquillo de los acusados a Juan Alfredo Etchebarne, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la última dictadura cívico-militar y uno de los referentes civiles del régimen, quien llega al juicio en libertad.
También se encuentra imputado Raúl Antonio Guglielminetti, alias Mayor Gustavino, exagente civil de Inteligencia del Ejército, detenido en Marcos Paz y con cuatro condenas previas por delitos de lesa humanidad. Otros dos acusados fallecieron antes de iniciar el juicio: el ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, en 2014, (que había sido condenado en otro juicio por la apropiación del hijo de Liliana Clelia Fontana Deharbe y de Pedro Fabián Sandoval) y el coronel retirado Francisco Obdulio D’Alessandri, en 2018.
Alfredo Etchebarne está acusado de ser cómplice necesario de la privación ilegítima de la libertad de 23 personas, Guglielminetti fue procesado por 9 casos, mientras que D’Alessandri y Rei estaban procesados por los 28 casos.
El debate oral debía comenzar en octubre de 2018 pero sufrió 8 postergaciones. La última fue en diciembre de 2020, cuando Etchebarne alegó razones de salud para pedir la suspensión.
LA GUERRA CONTRA LA SUBVERSIÓN ECONÓMICA
El caso Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi es paradigmático: muestra con claridad cómo fue la persecución que llevaron adelante civiles y militares contra ciertos grupos empresarios durante la última dictadura. La investigación visibilizó el papel activo de la Comisión Nacional de Valores en la política represiva.
Como titular de la CNV, Etchevarne impulsó una denuncia penal contra ambas empresas por «subversión económica» por sus vínculos con la familia Graiver, a quienes habían comprado el Banco de Hurlingham. A los pocos días comenzó a intervenir el comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. Se conformó entonces un grupo de tareas mixto entre las fuerzas armadas y la CNV para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos Graiver-Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi S.A.
Según consignó el juez federal Daniel Rafecas al elevar a juicio el expediente, había un «interés específico de los represores en dar con el dinero que habría obtenido la organización Montoneros a raíz del secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born».
Entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978, fueron secuestradas en Buenos Aires y Rosario 28 personas, entre directivos de ambos grupos, abogados, familiares y empleados, que en su mayoría fueron detenidos ilegalmente en el centro clandestino que funcionó en Cárcel de Encausados Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados.
Los testigos reconocieron la presencia de Etchebarne en el centro clandestino de detención, así como abogados y contadores de la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que asistían al grupo de Tareas.
En los primeros días de 1979, la gran mayoría de los detenidos ya habían sido liberados tras pasar a disposición del PEN en los penales de Caseros y Devoto. Si bien fue legalizado como detenido, Juan Claudio Chavanne recuperó la libertad en 1981, cuando fue finalmente sobreseído en la causa judicial.
El Banco de Hurlingham, que permanecía intervenido desde la muerte de Graiver, fue liquidado por el Banco Central y cerrado.