Entrevistado por Rody Rodríguez en el programa “¿Cómo sigue esto?” (Sábado 11 hs, Radio UNAHUR), el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, cuestionó con dureza el accionar del Poder Ejecutivo sobre la Ley de Financiamiento Universitario y apuntó contra la inacción de la Corte Suprema. El marco de una disputa que mantiene en vilo a la educación pública.
La tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas argentinas sumó un capítulo crítico en los tribunales. Tras la reciente decisión de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de conceder un recurso extraordinario al Poder Ejecutivo —suspendiendo provisionalmente la orden de transferir fondos—, la definición de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En diálogo con Radio UNAHUR, el Dr. Andrés Gil Domínguez —reconocido especialista en derecho constitucional, doctor en Derecho egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente regular— analizó con severidad la gravedad institucional que reviste este freno presupuestario y el rol del Máximo Tribunal frente a las decisiones de la administración central.
«UN ACTO DE NIVEL INCONSTITUCIONAL Y ANTIDEMOCRÁTICO»
Para Gil Domínguez, la estrategia oficialista de dejar sin efecto la aplicación de la normativa aprobada por el Poder Legislativo sienta un precedente alarmante:
«Lo que hizo el presidente, esto es, mediante un decreto de promulgación de una ley, suspender una ley, es un acto de un nivel inconstitucional y antidemocrático que uno lo puede asimilar a una dictadura. Nunca visto del 83 a la fecha y que se da de cruces con la división de poderes, con el sistema republicano, con el rol que cumple el Congreso y con el rol que debe cumplir el Poder Ejecutivo».
El letrado insistió en que esta maniobra no debe pasar desapercibida ni ser naturalizada por la sociedad civil: «Este es el primer punto para entender la gravedad de este tema, porque si no, lo tratamos como un tema más y no es un tema más».
EL ROL DE LA CORTE SUPREMA BAJO LA LUPA
Con el avance del conflicto en el plano legal, el constitucionalista remarcó que la responsabilidad máxima recae sobre los magistrados de la Corte Suprema: «¿Quién tiene la palabra en este momento? ¿Quién tiene la decisión para que esta ley, votada por el pueblo argentino, insistida por el pueblo argentino, cautelada dos veces en primera y segunda instancia se aplique frente a esta barbaridad autocrática? Es la Corte Suprema de Justicia».
Sin embargo, Gil Domínguez manifestó su preocupación por los tiempos y criterios políticos del tribunal:
«Como no tiene agenda ni tiene plazo, tiene la capacidad de hacerlo cuando se le cante. Y si no lo hace, es porque no quiere. Está siguiendo la lógica que asumió desde que este gobierno accedió al poder: un acompañamiento expreso en algunos fallos o un acompañamiento implícito por omisión. Con lo cual, hoy todo depende de la Corte Suprema de Justicia».
Para contrastar este letargo judicial, recordó la celeridad del cuerpo judicial en otros escenarios históricos: «Esta Corte Suprema se tomó 17 días solamente en plena pandemia para declarar la inconstitucionalidad de un DNU que prohibía la vuelta a las clases presenciales (…). ¿Cuánto vamos a esperar nosotros ahora? La brevedad de la Corte depende de su exclusiva y pura voluntad. Entonces, cada día que pasa, la culpa es de la Corte. Cada día que pasa está actuando como un cómplice del funcionamiento del sistema autocrático».
DESARMANDO LOS ARGUMENTOS FISCALES DEL GOBIERNO
El argumento central de la Casa Rosada para congelar las partidas es que la norma no detalla el origen del financiamiento requerido, violando la Ley de Administración Financiera. El especialista desestimó categóricamente esta postura legal:
«Primero, la ley lo prevé. Segundo, que cuando se sancionó esta ley no había ley de presupuesto. Tercero, que la Constitución le otorga al Jefe de Gabinete de Ministros justamente la facultad de administrar presupuestariamente y reasignar partidas».
Asimismo, calificó de «oxímoron» la idea de que una ley pueda ser ilegal bajo estos términos: «Te enseñan en el primario que toda ley posterior deroga a la ley anterior, y toda ley especial deroga a la ley general o la exceptúa. Si se miran estas leyes, es una ley posterior, una ley especial y una ley de excepción. Y listo, es la facultad que tiene el Congreso. El Gobierno tiene que cumplir las leyes».
CRISIS EN EL SERVICIO DE JUSTICIA Y EL DEBATE SOBRE LA COMPOSICIÓN
La disputa por el presupuesto universitario es, según el analista, el reflejo de un deterioro mucho más profundo en las instituciones del país: «Esto deja al desnudo un sistema judicial en crisis desde hace tiempo. Está bueno que el sistema universitario sufra en carne propia lo que sufren otras personas y lo que sufrimos los que litigamos ante el sistema de justicia todos los días para que tomen cabal comprensión de la deficiencia del servicio de justicia en términos de la defensa de los derechos de las personas de carne y hueso. No es justamente la justicia pensada para los más vulnerables».
Al ser consultado sobre el debate actual en torno al número de integrantes del tribunal —que hoy opera con tres miembros de los cinco establecidos por ley—, Gil Domínguez brindó una perspectiva institucional:
«La Constitución de 1853 estableció nueve miembros. Como mínimo tiene que tener nueve miembros, porque así vos podés garantizar una mayor diversidad discursiva, construcción de sentidos y la existencia de minorías. Pero la Corte nunca va a funcionar bien con nueve, con once o con cuarenta si antes no se sanciona una ley orgánica que regule la totalidad de su funcionamiento».
Añadió que el tribunal se rige por lógicas desactualizadas: «Hoy funciona con leyes del siglo XIX, del siglo XX, con decretos-leyes de dictaduras militares y con acordadas dictadas por la propia Corte invadiendo competencias que son del Congreso. Mientras no tengas una agenda de casos, plazos para expedirte, la obligación de justificar cualquier rechazo e incorporar inteligencia artificial urgente, no importa el número»
EL MARCO DE ACTUALIDAD: MARCHAS Y UN PROYECTO ALTERNATIVO
El escenario fuera de los tribunales se mantiene fuertemente movilizado. Tras la masiva Cuarta Marcha Federal Universitaria que llenó las plazas de todo el país, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto parlamentario alternativo para modificar las cláusulas centrales de la Ley 27.795.
Esta propuesta oficialista propone ajustar los fondos del programa de desarrollo de la educación superior únicamente si la inflación anual supera la pauta presupuestaria, además de fraccionar las recomposiciones salariales adeudadas en cuotas hacia fines de 2026. No obstante, desde los sectores sindicales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierten que la medida congela la pérdida real del poder adquisitivo ya consolidada durante los últimos años.
