Por Leandro Rojas.
Hace poco menos de un año, 13 vecinos presentaron una medida cautelar para frenar la construcción de un complejo de viviendas en el Barrio Inglés. La Justicia les dio la razón y cuestionó el accionar de la administración del ex intendente Luis Acuña. El concejal socialista Lautaro Aragón insiste en que no haya más vías de excepción hasta que no haya un nuevo Código de Ordenamiento Urbano.
El Juzgado Correccional Nº2 de Morón, a cargo del juez Antonio Mele, dejó firme el fallo que da lugar al recurso de amparo presentado por vecinos de Hurlingham que se opusieron a la construcción de un complejo de viviendas en la intersección de Richieri e Isabel La Católica. Se trata de un complejo de cuatro edificios de 77 departamentos que había sido aprobado por vía de excepción por la mayoría que el acuñismo tenía en el Concejo Deliberante en el 2014.
Esta polémica construcción, a cargo de la empresa Achus SRL, había sido aprobada junto con otras cinco obras que violaban esa norma que proviene de los tiempos en los que Hurlingham era parte de Morón.
En declaraciones al suplemento zonal del diario Clarín, en abril pasado, Pablo Tivilín, uno de los vecinos afectados explicó que “el amparo se hizo porque los servicios no dan abasto para todo esto. Recién acabamos de conectarnos a las cloacas, pero el tendido eléctrico es deficiente”. En tanto que el abogado de los vecinos, Hernán Sarchi, había explicado que “el estudio de impacto es muy importante porque además de establecer si los servicios públicos resistirán, también evaluaría que en ese barrio de baja densidad, habilitaría la misma cantidad de personas que viven en dos o tres manzanas”.
Curiosamente, la Dirección de Planeamiento y Obras Particulares del propio municipio rechazó a mediados de este año el proyecto por infringir varios puntos del viejo COU.
Con estos argumentos, la Justicia había pedido la “inmediata suspensión” de la aplicación de la Ordenanza 8199/2014 (que habilitaba la excepción). Ahora el juez Mele, fue más allá y directamente puso de manifiesto la inviabilidad de la obra en términos ambientales, y declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza que la aprueba dejando sin efecto lo que constituía un negocio millonario.
Desde el Frente para la Victoria, el concejal Adrián Eslaiman recordó que desde hace años se denuncia que durante el gobierno de Luis Acuña, “todas las construcciones salen por vía de excepción” y se pretende “hacer de Hurlingham una inmobiliaria para hacer negocios con las tierras”.
Una obra defendida por Acuña
Mientras era intendente, Luis Acuña había hecho una acérrima defensa de este tipo de obras realizadas irregularmente. “Lo que está planteado en Richieri no es un edificio ni mucho menos, son tres pisos, hubo una audiencia de conciliación y estamos haciendo el estudio de impacto ambiental para completar” había dicho Acuña en defensa de la cuestionada construcción, al tiempo que opinó que era inviable poder realizar un nuevo Código de Ordenamiento Urbano. “Para hacer le código de Ordenamiento Urbano nuevo tenemos que tener todos y cada uno de los servicios en nuestros barrios” y agregó: “es un engaño hacia la gente decir que se puede hacer hoy el código de ordenamiento urbano, tenemos que tener todos los servicios”. Esto lo dijo en declaraciones al programa Primer Plano de Adrián Noriega, pero antes Acuña había afirmado que no se podía hacer un nuevo COU “porque en Hurlingham no hay urbanistas dispuestos a trabajar en eso”.
La opinión del Juez
En el fallo, el juez Mele suscribe un párrafo imperdible: “Resulta demasiado ingenuo descansar en la teoría que una empresa adquiere un terreno para alzar un edificio en donde sabe que está vedado por ley, tomando así un fuerte riesgo empresarial, pero por algún designio divino tenía el dato o conjetura visionaria que las autoridades locales se apiadarían y le concederían el permiso tal cual se presente, simplemente porque si, sin nada a cambio. ¿Cómo, quienes representan los intereses de los vecinos, obran en su contra de manera tan clara y sencilla sin fundamento moral ni legal alguno?. Se desprende que esta mecánica resulta de muy común aplicación en el gobierno local de Hurlingham”.
En las conclusiones finales, el magistrado afirma: “De los elementos analizados en la presente, entiendo que se ha verificado a criterio del suscripto, la existencia de un acto arbitrario que lesiona los derechos de los amparistas, al autorizarse injustificadamente la construcción de un complejo de las indicadas dimensiones en un barrio como el denominado ‘Inglés’, afectándose no solo la morfología edilicia sino asimismo la densidad poblacional y el ambiente”.
El proyecto de Aragón
A principios de noviembre pasado, el concejal socialista Lautaro Aragón había presentado un proyecto de ordenanza para establecer “mecanismos claros y transparentes para el tratamiento de expedientes por vía de excepción”. Una iniciativa que pretende institucionalizar dichos trámites. Ahora, ante esta decisión de la justicia, el concejal socialista Lautaro Aragón manifestó “Es una alegría que la justicia haya escuchado a los vecinos y vecinas de Hurlingham, era inconcebible una construcción de estas características. Lo que es más importante aún, es el precedente que sienta para las obras futuras, creemos que ya nadie va a poder proyectar obras a su gusto y antojo, la voz de los vecinos va a tener más peso”.
De cara al futuro, Aragón expresó “Es sin duda la muestra clara de que debemos avanzar en lo inmediato a la elaboración de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano, que incluya la visión de la ciudadanía y haga eje en la planificación estratégica de nuestra ciudad convirtiéndola en un modelo urbanístico. Creemos necesario que hasta tanto no tengamos el nuevo COU se suspendan las Vías de Excepción, un mecanismo que además de habilitar obras fuera de la ley, pone un manto de sospecha sobre los concejales que las aprueban beneficiando negocios inmobiliarios”
Bajo sospecha
Las vías de Excepción desde siempre están bajo sospecha. Son procedimientos en los que un contribuyente cualquiera pide ser exceptuado de cumplir una norma de las que regula el funcionamiento de la Municipalidad. Son utilizadas en forma regular con la construcción de edificios de altura, o con obras que afectan el código urbano en general.