Luego de los incidentes, diputados de Unidad Ciudadana y concejales opositores de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero pidieron la nulidad de la audiencia pública por haber condicionado “la libre expresión de la ciudadanía”.
Pese a los sucesos violentos, la audiencia pública se realizó. Fueron doce horas de exposiciones, y ahora la Justicia deberá definir sobre la ampliación de vuelos y frecuencias en el aeropuerto low cost emplazado en la base militar de El Palomar. Como bien aclara el diario Página/12: «Si bien se trató de una audiencia no vinculante, fue una condición impuesta por la magistrada federal Martina Forns antes de apartarse de la causa para ampliar la operatoria en esa terminal, la cual está limitada a tres vuelos diarios».
Sobre un total anunciado al principio de 180 inscriptos, hubo 95 oradores entre funcionarios, ONGs, representantes de empresas de low cost, Flybondi y Norwegian, Aeropuertos Argentina 2000, del Grupo Eurnekian, vecinos, organizaciones ambientalistas y víctimas de la última dictadura cívico-militar.
De los 95 oradores: 64 personas se expresaron a favor y 31 que tuvieron posiciones contrarias, argumentando razones de seguridad, daños al medio ambiente y respeto por los derechos humanos, en este último caso se denunció que las obras y demoliciones realizadas violan la ley 26691 al expresar que ese lugar está considerado «Sitio de la Memoria».
Dentro de los que no tuvieron oportunidad de expresar su opinión por “problemas burocráticos” fue el abogado Lucas Marisi, quien vive en El Palomar y representa a los vecinos que impulsan el amparo contra la construcción del aeropuerto por cuestiones ambientales. “Me inscribí el viernes 23 de marzo y en el orden del día, que vale como acto jurídico administrativo de la audiencia, no estaba convocado. Cuando se enteran de que radiqué la denuncia en Comodoro Py, me llamaron por micrófono al comienzo de la audiencia, sabiendo que no iba a estar allí”, explicó a Marisi a los medios.
Los diputados por Unidad Ciudadana, Mónica Macha y Rodolfo Tailhade, junto a los concejales opositores de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero pidieron la nulidad de la audiencia pública por haber condicionado “la libre expresión de la ciudadanía”.