El Juez Penal Subrogante Néstor Barral resolvió el levantamiento completo de la medida cautelar y autorizó a FlyBondi y a cualquier otra aerolínea comercial, a operar vuelos comerciales en forma ilimitada durante las 24 horas del día desde la Base Aérea de El Palomar.
La extrema celeridad con que ha sido levantada, -ahora por completo-, la medida cautelar, es coincidente con lo que desde hacía algunos días ya había sido anticipado por algunos medios de prensa que informaron acerca del “acuerdo” entre la Justicia Federal de San Martín y el Gobierno Nacional para liberar totalmente los vuelos comerciales desde la Base Militar de El Palomar.
Para el abogado Lucas Marisi, que patrocina la presentación de los vecinos que se sienten damnificados por la reconversión de la base de El Palomar en aeropuerto comercial, la medida adoptada por el Juez Barral se realiza “en la más absoluta ilegalidad y clandestinidad ya que a pesar del amparo, hasta el día de la fecha no se ha cumplido el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental exigido por la Ley”, Marisa señaló también que con la autorización para continuar las obras en el sector de los hangares militares se ignoró la ley que los protege al haber sido reconocido como Sitio de Memoria.
Marisi remarcó también que “la Justicia Federal de San Martín volvió a negar la evidencia y con absoluta impunidad ignoró por completo el INFORME del CONICET que desaconseja categóricamente la utilización de la Base Militar de El Palomar como aeropuerto comercial y que señala todos los errores, omisiones, falencias, inconsistencias y ocultamiento de información de los estudios ambientales hechos por Aeropuertos Argentina 2000 y firmados por personas que carecen de la habilitación profesional necesaria para elaborar ese tipo de estudios”.
Lucas Marisi advirtió que “Resulta gravísimo que la Justicia Federal de San Martín permita que el Gobierno experimente con la población como si fuésemos conejillos de laboratorio sosteniendo que “el incremento de las cantidades de vuelos previstos permitirá obtener más datos” del impacto ambiental.-
Es decir, la Justicia Federal de San Martín está avalando que se produzca el daño ambiental y a la Salud con el mero fin de realizar “estudios de impacto ambiental” experimentando con la salud y la vida de toda la población para dentro de unos años reconocer lo que es mundialmente reconocido como una de las actividades más nocivas y dañinas para ser realizadas en zonas urbanas como es la aviación comercial cuando el daño irreparable ya este producido.”
Finalmente el abogado expresó que “el alineamiento automático de la Justicia con el Gobierno Nacional es la única explicación, ya que no existen razones jurídicas ni legales para justificar el levantamiento total de la medida cautelar.-
Los acelerados pasos de la Justicia
El 26 de marzo el Juez Subrogante González Charvay rechazó el amparo presentado por Claudia Sambro Merlo, quien además había denunciado penalmente ante los Tribunales Federales de Comodoro Py a los Jueces Martina Forns, Néstor Barral y al propio González Charvay por denegación de justicia y prevaricato por no haber actuado luego de dos meses de iniciado su amparo.
El 27 de marzo el mismo juez Charvay rechazó el pedido de suspensión de la audiencia pública sin ver la documentación presentada en el Juzgado de San Martín que denunciaba todas las irregularidades de la misma.
El 3 de abril otra vez Charvay se negó a obligar al Ministerio de Transporte a cumplir con la presentación de copias legibles de los informes ambientales a pesar de que todos los gráficos y mapas de ruido eran manchones negros absolutamente ilegibles.
El 9 de abril la Justicia rechazó in limine -negándose a investigar- la denuncia penal realizada por Claudia Sambro Merlo contra todos los funcionarios involucrados en el negociado de FlyBondi y el aeropuerto de El Palomar.
El 10 de abril a las 8.35 horas, la Cámara de San Martín, rechazó la recusación por falta de imparcialidad y enemistad manifiesta realizada contra el Juez Charvay y a las 10.48 horas, fue levantada por completo la medida cautelar.