Alejandro Robba, economista y rector de la Universidad Nacional de Moreno, advierte sobre el severo impacto del ajuste presupuestario, la preocupante fuga de docentes y la falta de financiamiento. Además, denuncia una campaña de desprestigio oficial y ratifica la convocatoria a una nueva movilización federal.
A pocos días de celebrar su 16.° aniversario el próximo 14 de octubre, la Universidad Nacional de Moreno (UNM) atraviesa uno de los escenarios más complejos desde su fundación. En un contexto de asfixia presupuestaria que se prolonga desde fines de 2023, la institución resiste el embate económico gracias al compromiso de su comunidad educativa.
Alejandro Robba, economista, rector de la UNM y presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), analizó la delicada realidad de la casa de estudios. Diagnosticó un panorama crítico caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo salarial, la renuncia de personal y las trabas del Gobierno nacional para financiar la expansión académica, al tiempo que desmontó el discurso oficialista sobre la falta de control en los fondos universitarios.
Un ajuste consolidado y la brecha de los 11 billones
El análisis económico de Robba sitúa el inicio de la crisis en la devaluación implementada en diciembre de 2023, una medida que impactó de lleno en los ingresos del sector. «El problema mayor destruyó los salarios de docentes y no docentes universitarios, que tuvieron una caída de más del 40%», detalló el economista. Aunque existió una leve recuperación posterior, los sueldos actuales se mantienen más de un 30% por debajo del poder de compra de 2023.
Para el especialista, el grueso del recorte estatal ya fue ejecutado, y la estrategia oficial consiste en congelar esos niveles mínimos:
«El ajuste mayor se hizo en el año 2024; ahí se desplomó el presupuesto universitario un 30% o 35%, y a partir de eso quedamos en esas cifras. El ajuste se consolidó y nunca se recuperó lo perdido.»
La preocupación se traslada ahora al proyecto de presupuesto oficial para el próximo ejercicio. Mientras que el Gobierno nacional asignó una partida cercana a los 7,5 billones de pesos para el programa de Desarrollo de Educación Superior, las instituciones nucleadas en el CIN calculan que se requieren 11 billones de pesos para garantizar el funcionamiento básico, la investigación, el sistema de becas, la infraestructura y el pago de tarifas de servicios esenciales.
«La brecha entre lo que el Gobierno impuso en el proyecto de presupuesto y lo que las universidades necesitan es, justamente, la medida del ajuste», remarcó Robba, anticipando un escenario de alta conflictividad de mantenerse estos números.
Éxodo docente y logística de emergencia
La pérdida del valor de los salarios ya muestra consecuencias operativas directas en Moreno. La institución registra aproximadamente un 10% de renuncias tanto en el cuerpo docente como en el personal no docente.
El fenómeno afecta especialmente a los profesores, dado que el 65% de la planta docente de la UNM reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otras localidades alejadas. «Si consiguen consolidar carga horaria en universidades más cercanas a sus domicilios —como la UBA, La Matanza o La Plata— dejan la nuestra, que queda a 30 kilómetros del centro», explicó el rector.
A pesar de los obstáculos económicos y de transporte, las aulas se mantienen activas. «La universidad está abierta por el sacrificio de los docentes y los no docentes. Siguen dando clases y recuperándolas como pueden. Antes venían en auto, ahora lo hacen en colectivo o se organizan para venir juntos en autos compartidos. Ese compromiso hace que la universidad siga adelante con los estudiantes adentro», enfatizó.
El absurdo burocrático: carreras aprobadas pero sin fondos
La Universidad Nacional de Moreno cuenta actualmente con una matrícula activa de 14.000 estudiantes, 800 docentes y 200 no docentes. En los últimos tres años, la institución expandió su propuesta académica en un 30% mediante la incorporación de las carreras de Diseño y la carrera de Abogacía.
Sin embargo, este crecimiento regional se convirtió en su principal foco de presión presupuestaria al requerir nuevas aulas, equipamiento y cargos docentes que el Estado nacional no financia de manera adecuada. Robba expuso una situación que calificó como «inédita» dentro del sistema burocrático estatal:
«Tenemos una carrera que está cumpliendo su tercer año sin financiamiento del Estado. Está aprobada por el mismo subsecretario de Políticas Universitarias, pero nos comunicaron formalmente que no la van a financiar porque al Gobierno no le interesa.»
A pesar de la negativa oficial para girar los fondos de esta tecnicatura, el rector descartó de plano la posibilidad de un cierre: «El riesgo de cerrar no está, pero sí el de tener una mayor cantidad de alumnos por aula y por docente, afectando las condiciones de estudio».
De los 90 a la actualidad: «Una campaña furibunda» y el mito de la falta de control
Al ser consultado sobre las nuevas cláusulas del proyecto de presupuesto que facultan al Ministerio de Capital Humano a congelar transferencias de forma directa ante supuestas demoras en los informes de gastos, el economista trazó un paralelismo histórico con los procesos políticos de finales del siglo pasado.
«En la década del 80, para poder privatizar todas las empresas del Estado, se hizo una campaña realmente furibunda en su contra con periodistas acólitos», recordó Robba, rememorando figuras mediáticas de la época como Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. «Acá pasó lo mismo al inicio del gobierno actual: empezó hablando de las auditorías, después del adoctrinamiento, y luego de que los paros hacen que los estudiantes sean rehenes de los gremios», denunció.
El referente de la UNM desmitificó el argumento de la falta de transparencia gubernamental detallando la estructura de gastos e inspección de las casas de altos estudios:
«Aproximadamente el 90% de los presupuestos universitarios son salarios y el otro 10% son gastos de funcionamiento, y están completamente rendidos. Todas las universidades tienen una unidad de auditoría interna, nos audita la AGN (Auditoría General de la Nación) y muchas tenemos convenios con la SIGEN (Sindicatura General de la Nación).»
Resistencia en las calles y una marcha que promete ser histórica
Para Robba, la estrategia oficial de desgastar la imagen pública de las universidades fracasó debido al profundo arraigo de la educación pública en la sociedad argentina. «Si el objetivo final era que la sociedad vea en las universidades cosas raras u oscuras, es algo que no han conseguido», afirmó, destacando el masivo acompañamiento social en las calles. En ese sentido, evaluó que el universitario es hoy «el único sector organizado que ha enfrentado al gobierno» con efectividad política y judicial.
El conflicto sumará un nuevo e importante capítulo en el corto plazo. El rector confirmó la convocatoria a una nueva movilización nacional programada para el próximo día 15, una jornada que coincide con debates clave en el plano legislativo.
«El día 15 se viene una marcha que me parece que podría ser histórica. Va a confluir también con la sesión de la Cámara de Diputados por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70», adelantó Robba, concluyendo con un mensaje de firmeza: «El Gobierno pensaba que estábamos todos desinflados y que no íbamos a seguir marchando a favor de nuestros estudiantes, pero lo vamos a seguir haciendo. Nuestro rol es llevar este barco precioso de la Universidad Pública a buen puerto».
