La batalla colectiva por sobrevivir a la exclusión en el libro “Vidas de putas, calle, sexo y mentiritas”

Georgina Orellano en la entrada de Casa Roja, el Centro de Asistencia Integral para Trabajadorxs Sexuales de AMMAR

Georgina Orellano, oriunda de Villa Tesei y secretaria general de AMMAR, presentó su nuevo libro. Una radiografía urgente sobre violencia policial, crisis habitacional y las redes de cuidado en la «zona roja» de Buenos Aires.

En la esquina de Salta y Pavón, en CABA, más de diez agentes policiales rodean a dos trabajadoras sexuales trans y migrantes. El asedio es cotidiano en Constitución, un barrio marcado por la precariedad extrema y las disputas territoriales. Sin embargo, el operativo se frena cuando las militantes de la Casa Roja llegan al lugar para custodiar el procedimiento y evitar los abusos habituales. En el centro de esa red de resistencia civil está Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina).

Oriunda de Villa Tesei, Orellano se crió en Presidente Derqui y hoy habita el mismo territorio que defiende. Tras el impacto de su primer libro, Puta feminista, acaba de lanzar Vidas de putas, calle, sexo y mentiritas (Random House). Una obra colectiva que expone las biografías de compañeras como «la Perrito» y «la Diva», al tiempo que traza una radiografía descarnada sobre las economías subterráneas y la violencia institucional en el barrio más estigmatizado de la Ciudad de Buenos Aires.

UN MAPA DE EXCLUSIÓN Y ABUSOS «DE PALABRA»

El mapa diseñado por el sindicato delimita doce manzanas donde conviven cerca de trescientas trabajadoras organizadas por nacionalidades y procedencias. En esta zona, la especulación inmobiliaria obliga a las mujeres a pagar por piezas diminutas y húmedas el triple de su valor regular. A este desamparo habitacional se suma la persecución de la Policía de la Ciudad, que expone los operativos en redes sociales bajo consignas de «higienización».

Orellano denuncia que muchos operativos se activan por las llamadas de los denominados «buenos vecinos», quienes coordinan con los comisarios las llamadas «denuncias de palabra».

“Son denuncias sin intervención judicial. Con un video o una alerta que mandan, rápidamente la policía se presenta, pone a la compañera contra la pared o el piso, le abren las piernas, le dan vuelta la cartera, muchas veces sin pedir intervención de una fiscalía”, detalla Georgina.

LA CASA ROJA COMO UN AGENTE SOCIAL DE EMERGENCIA

Frente a la desatención del Estado, la Casa Roja —ubicada a metros de Plaza Garay— mutó de sede sindical a un centro de contención comunitaria vital. Allí se dictan jornadas de documentación, comedores, campañas de testeo y vacunación para trabajadoras y vecinos del barrio.

“Hay compañeras que llegan en situaciones extremas: ‘Estoy en situación de calle, la policía me cagó a palos, me robó lo poco que tenía y los agentes de la ciudad me tiraron mis pertenencias con el DNI incluido. No tengo para comer y hace días que no me baño’. No sabés ni por dónde empezar. Entonces le decimos: ‘Pasá, bañate, comé y cambiate la ropa en el roperito; ahora vemos cómo hacemos con tu documentación, tu medicación y tu habitación”, relata Orellano sobre la cruda diaria en Constitución [2].

LA ALEGRÍA POPULAR Y LA «MENTIRITA» COMO SUPERVIVENCIA

A pesar del desmadre, la risa y el goce colectivo aparecen constantemente como un mecanismo de autodefensa cultural arraigado en los sectores populares, incluso durante los velorios de las compañeras fallecidas por enfermedades asociadas a la pobreza como la tuberculosis o la neumonía.

“Para nosotras la alegría siempre fue a prueba de tragedias. Y no es algo solo de las trabajadoras sexuales; yo lo veía en mi casa con mis tías. Frente a la precariedad, mi mamá se juntaba con ellas a recordar anécdotas, hablando en quechua cosas ‘zarpadas’ para que nosotras no escucháramos, y se reían. En una casa con piso de tierra había alegría; se reían de ellas mismas y de sus vínculos. Eso lo tienen los sectores populares: siempre hay un momento de goce colectivo”, reflexiona la referente nacida en Tesei.

El libro también resignifica la palabra «mentiritas» que lleva en el título. Lejos de tratarse de engaños hacia los clientes, alude a las estrategias desesperadas para subsistir cuando el dinero falta por completo.

“Es la mentirita que le da de comer a las compañeras. A veces nuestras compañeras no están ejerciendo trabajo sexual: están picando Ibuprofeno o Curaplus, lo ponen en una bolsita y lo comercializan por 10.000 pesos. Eso les permite comer y pagar la habitación en dos horas. Estamos hablando de pobreza en su máxima expresión”, define con crudeza.

LA DISTANCIA CON EL FEMINISMO TRADICIONAL Y LA POLÍTICA PARTIDARIA

Para Orellano, la histórica discusión teórica de los feminismos académicos sobre el abolicionismo o la regulación del trabajo sexual quedó completamente desconectada de la urgencia de los barrios populares. Acusa una «disociación total» entre las agendas de la política partidaria y la realidad de las personas que ya se encuentran arrojadas fuera del sistema productivo.

“Para los feminismos que siguen discutiendo ‘trabajo sexual sí o no’: hermana, esa discusión ya ni está; la realidad de las compañeras es otra. Por eso nuestra dinámica organizativa es distinta. Hacer política es habitar el conflicto. Reconocer que una compañera vende ‘mentirita’ para comer es reconocer el grado de conflictividad sin romantizarlo”, concluye la dirigente.

CONTRA EL «FETICHISMO DE LA POBREZA» Y LA BUROCRACIA BLANCA

Para Georgina Orellano, la brecha entre las discusiones de la militancia de clase media y la realidad de los barrios populares no solo es profunda, sino que expone una preocupante condescendencia. La referente de AMMAR acuña el término «fetichismo de la pobreza» para señalar a aquellos sectores progresistas que romantizan las carencias estructurales desde posiciones de privilegio económico y habitacional.

“Hay un fetichismo de la pobreza en sectores del progresismo; gente que se viste como pobre siendo millonaria y viviendo en casas quinta mientras nuestras compañeras viven en la plaza. Hay un sector discutiendo el 2027, si vamos con Axel o con Cristina, mientras mis compañeras dicen: ‘Si caigo presa, no te olvides de mandarme esto’, o ‘Si me muero por la tuberculosis, hacéme un aguadito, que es la comida que siempre me faltó”, dispara con dureza la activista de Villa Tesei.

Esta distancia se traduce también en las agendas teóricas de un sector del feminismo que, según describe, prioriza los debates semánticos por encima de las necesidades materiales y urgentes de las familias vulnerables. Orellano recuerda cómo esta desconexión quedó en evidencia tras un crimen violento en el conurbano bonaerense:

“Un sector del feminismo estaba más preocupado en cómo nombrar eso y crear una categoría penal que en resolver el velorio de la familia, que tuvo que hacer una colecta. Algunas decían ‘estamos ante un narcofemicidio’ y la verdad es que estábamos ante un caso que dejaba expuesta la pobreza. No me voy a detener en discutir el nombre técnico, sino en reconocer que las situaciones en los barrios se fueron al carajo”.

 

EL ESTADO COMO UN «INSTRUMENTO BLANCO»

La crítica de la secretaria general de AMMAR no se detiene en la academia; apunta directo a la estructura del Estado y al fenómeno del feminismo institucionalizado. Para Orellano, la mera incorporación de personas de sectores populares a cargos públicos no transforma las lógicas de exclusión si estas instituciones operan bajo una mirada punitiva, clasista y racista.

“La institucionalidad higieniza. No creo que la solución sea solo que la gente de sectores populares tenga cargos jerárquicos. El Estado está pensado como un instrumento de intervención blanco. Tenemos compañeras que entraron a trabajar al Estado y se higienizaron. Lo contamos en el libro: compañeras que eran conflictivas en el territorio, cuando entraron eran las santas con camisa blanca y termo Stanley, agradeciendo a la funcionaria y desmereciendo el trabajo sexual, diciendo ‘dejé de ser humillada”, argumenta.

Finalmente, Orellano propone la necesidad de refundar las herramientas estatales para que dejen de tutelar, infantilizar o imponer trabas burocráticas violentas, como exigir que la propia policía que las persigue valide sus domicilios para acceder a un subsidio habitacional. “Somos conscientes de que necesitamos un Estado que garantice derechos y resuelva, no uno que tutele, infantilice o venga a policiar los deseos con mirada punitiva, clasista y racista”, concluye.

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