Ayer lunes culminó la audiencia pública sobre la obra “Vinculación Avenida Combate de Pavón-Ruta Provincial N°4”, que se llevó a cabo de manera virtual y estuvo presidida por el Director Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental del OPDS, Luis Couyoupetrou, y que se centró en el Estudio de Impacto Ambiental de la obra “Vinculación Avenida Combate de Pavón-Ruta Provincial N°4” de los municipios de Tres de Febrero y Hurlingham.
Transmitida por el canal de Youtube del OPDS y la plataforma Webex, la audiencia contó con la participación de más de 250 vecinos interesados y fue coordinada por la abogada del OPDS, Claudia Spirito. Expusieron miembros de la Dirección de Vialidad de la Provincia, representantes de la Empresa Constructora, José Luis Triviño S.A. y miembros de los municipios involucrados en la obra.
Pero la Audiencia no calmó los ánimos de los vecinos que forman parte del Centro Oeste de Estudios Políticos y Socio-ambientales (COEPSA) y del Movimiento Ambientalista de Hurlingham (MAH) que denunciaron “la ilegalidad e inoperancia de los actores involucrados en el proyecto”. Las organizaciones medioambientales aseguran que el Estudio de Impacto Ambiental sobre el Arroyo Morón, que “tiene párrafos completos idénticos a otros estudios realizados para otras obras, además de imágenes y mapas”, lo que les permite afirmar que “no se realizó ningún tipo relevamiento de flora ni de fauna en la zona y se ignora la presencia de especies tales como la mariposa zafiro o el benteveo cuello rayado”.
Las organizaciones exigieron que el Informe Ambiental se declare nulo y que se vuelva a realizar a cargo de Universidades e Instituciones autónomas. Argumentaron que OPDS “ha fallado en su tarea de fiscalizar la ejecución de la política ambiental en el territorio».
La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires inició la obra de vinculación de la Ruta 4 (que cruza Morón, Hurlingham y Tres de Febrero) con la Avenida Combate Pavón en mayo pasado.
En este sentido se construirá la doble calzada de la Avenida Combate Pavón, desde la calle General O’Brien hasta la calle General Bernardo O’Higgins, previendo la construcción de un puente sobre el Arroyo Morón. Este camino, que corre paralelo a las vías del ferrocarril, se une a la colectora Avenida Bernabé Márquez, pasando bajo el puente vehicular de la Ruta Provincial 4.
Además, se realizarán obras hidráulicas y se prevé la construcción veredas para la circulación peatonal en el sector de acceso a la estación ferroviaria Pablo Podestá, con sus respectivas sendas peatonales y barandas de protección en la zona del puente. En todo el tramo se realizarán trabajos de señalamiento horizontal y vertical, como así también la iluminación LED en la Avenida Combate Pavón.
Entre los vecinos, el debate giró en torno a acciones de dragado sobre los márgenes del curso de agua que se efectuaron a partir del inicio de la pavimentación y ampliación de la avenida.
«Se está desmontando y rellenando las márgenes del Arroyo Morón sin antes haber realizado una consulta pública sobre la necesidad de esta obra, que dicen que será para facilitar el acceso a la zona de la Alcaidía», reclamaron organizaciones ambientalistas del Oeste hace algunos meses.
En octubre, el juez Luciano Enrici, que subroga el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, había considerado que la Provincia no cumplió con todos los requisitos legales correspondientes al cambio de uso de suelo.
Los mismos vecinos calificaron la audiencia como «una formalidad» para cumplir con la Justicia, y poder continuar con la obra que «está muy avanzada».
Para COEPSA, el debate virtual no sólo «fue extemporáneo», sino que «viola la ley de audiencias públicas», como así también proyecto viola «la ley del Comirec», porque no fueron consultados los consejos que cuidan la salud de la cuenca del Río Reconquista, uno de los más contaminados del Conurbano Bonaerense.
Desde el gobierno bonaerense, el funcionario del OPDS, Luis Couyoupetrou (foto), señaló que “la audiencia pública es una de las patas de la participación ciudadana. Hay obras que tienen algún impacto social importante e interpretamos que es necesario que los vecinos puedan expresar a viva voz lo que piensan en ese tema”.
Cabe aclarar que la opinión u objeción de quienes participan no es vinculante, pero en caso de que las autoridades presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública, deben fundamentarla y hacerla pública.