En diálogo con el programa «¿Cómo sigue esto'» de Radio UNAHUR, el secretario de organización de FATUM analizó el impacto del fallo de la Corte Suprema que deja firme la cautelar en defensa del presupuesto universitario. Entrevistado por Rody Rodríguez repasó los dos años de conflicto gremial y advirtió que la discusión de fondo por los gastos de funcionamiento sigue abierta.
-Estamos charlando con Carlos Mauricio D’Alessandro, secretario de organización de FATUM, la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales. La Corte Suprema de Justicia falló finalmente, rechazando el recurso presentado por el Gobierno Nacional y dejando firme la cautelar que ordena el cumplimiento de dos artículos concretos, el 5 y el 6, de la Ley de Financiamiento Universitario. Pasamos en limpio un poco, ¿de qué se trata esto?
Carlos Mauricio D’Alessandro: –Antes que nada, se trata de una excelente noticia. Después de tantas pálidas, tanta angustia y tanta desesperación por momentos frente a un gobierno que no escucha, no quiere modificar su rumbo y nos ajusta a todos —o casi todos, salvo esas excepciones con «pendrive perdido» en algunos cajones, grupos selectos donde se invierten grandes sumas para el desarrollo o aquellos reducidos grupos de concentración económica que se ven favorecidos modificando sus matrices, donde ahora pareciera ser que hay que ir al petróleo y la minería desarticulando todo el aparato industrial y productivo del país—.
Más allá de eso, y para ir a la respuesta más precisa, para todos los universitarios —ya sea trabajadoras y trabajadores, los no docentes en el caso particular orientados por la FATUM, autoridades, docentes, y los y las estudiantes que son la razón de ser de la universidad y la mayoría en cantidad e importancia— esto es una excelente noticia que veníamos trabajando durante dos años y medio para construirla y que se nos venía negando.
– ¿Cómo fue ese camino para llegar a este escenario?
– Primero lo hicimos de manera gremial, popular, masiva: movilizaciones, concentraciones, visibilizaciones y, por momentos, la rigidez y la contundencia de los paros. Todo eso fue una construcción colectiva desde el aspecto gremial, posicionado más centralmente en los sindicatos de base y en las federaciones que llevamos adelante la estrategia de carácter federal. Después pasamos a un segundo plano, el de la acción política, donde construimos el eje de lo que hoy está en cuestión: insistir con tener una ley propia que pudiese detener y poner un límite al ajuste y ahogamiento de la educación pública universitaria por parte del gobierno.
Eso se construyó en dos ocasiones. En el 2024 no logramos revertir el veto de Milei y en el 2025 se volvió a insistir; se mejoró incluso el proyecto de ley y de ahí salen los dos artículos que están en cuestión de cautela. Ahí sí se logró no sólo aprobar nuevamente dos veces la ley en cada cámara, tanto Diputados como Senadores, sino que además, ante la insistencia del veto presidencial, la fortaleza de una comunidad que siente a la educación pública como un valor que no debe ser desfinanciado encontró una respuesta en la política. Fue una ventana de tiempo, allá por septiembre del 25, que le puso un límite al Poder Ejecutivo, rechazó el veto y ratificó la ley que había votado con mayorías especiales.
– Tengo una consulta, corregime si me equivoco: el fallo de la Corte deja firme dos artículos. El artículo 5, que indica que se debe llamar a paritaria y actualizar los salarios de los docentes y no docentes entre el periodo del 1 de diciembre del 23 hasta la sanción de la ley; y el artículo 6, que marca la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles (Progresar, carreras estratégicas, enfermería, etcétera) también desde el 10 de diciembre del 23 hasta la fecha. ¿Eso es así?
–Eso es así. Yo te hice largo el recorrido porque quería llegar a ese punto, pero para que se entienda que el fallo de la Corte no es consecuencia del azar, ni mucho menos de una lucha corta o reducida a pequeños intereses. Acá estuvo comprometida toda la comunidad universitaria: trabajadores y estudiantes nos comprometimos para que esto se sustancie, y recibimos el acompañamiento del pueblo, que es lo más importante.
Por eso te decía que en septiembre del 25 se logró la mayoría especial presionando con enormes movilizaciones federales en todo el país, pero muy en particular en el epicentro de la Plaza de los Dos Congresos. Sin embargo, el Estado una vez más incumplió. Con una ley firme y el veto rechazado, en lugar de promulgar y aplicar, encontró un artilugio para reconocer la ley pero no cumplirla; dicho de manera simple, no financiar a las universidades. Un mes más tarde, en octubre, el mismo pueblo que nos había acompañado masivamente entendió que el voto tenía que caer sobre el gobierno, y la recomposición del Congreso en diciembre nos cambió la relación de fuerzas hacia el interior para poder seguir insistiendo con leyes favorables a las grandes mayorías.
– Parece un repaso de hechos de largo plazo, pero todo pasó rápido.
– Esa situación parece casi un revisionismo histórico de hace 10 o 20 años atrás, y estamos hablando de hace apenas unos meses, en diciembre de 2025. En ese momento nos modificaron el presupuesto. El CIN había enviado un pedido de 7,2 billones para financiar el ejercicio 2026, contemplando la ley que había sido votada y ratificada por el Congreso, pero los legisladores cambiaron el financiamiento y lo redujeron respecto a lo que requería la ley.
Ahí está el problema por el cual se termina recurriendo, en última instancia y en una estrategia conjunta de la comunidad universitaria, a la justicia. Recién ahí se judicializa el incumplimiento de la ley, después de dos años de lucha gremial y política. Así encontramos, cerca del 26 de diciembre, el fallo del juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, el juez Diego Cormick, que otorgó la medida cautelar que tutela los artículos 5 y 6.
– ¿Qué alcance real tiene la aplicación de este artículo 5 para los trabajadores?
– Hacia atrás, desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, el gobierno tiene que recomponer los haberes según el desfasaje salarial frente a la inflación medida por el IPC, sobre una canasta básica total de cuatro integrantes.
La otra parte del artículo quinto dice cómo se continúa hacia adelante: hace cumplir lo que otras leyes ya fijan, que es respetar la convención colectiva a través del instituto paritario. Debe llamar a las partes signatarias a negociar desde el 2026 en adelante. Además, por pedido de los propios sindicatos —porque fuimos nosotros quienes redactamos el proyecto al que luego los diputados le dieron técnica legislativa— incluimos que esa convocatoria paritaria deba hacerse en un periodo no superior a tres meses.
También establecimos que toda negociación deba ser con un piso del IPC para garantizar no perder frente a la inflación. Y sumamos otra cuestión fundamental para el sector no docente: la prohibición de las cifras «en negro». El artículo quinto fija con fuerza de ley que no puede haber sumas fijas no remunerativas ni no bonificables en los haberes de los trabajadores universitarios.
– ¿Y respecto al artículo 6 de las becas?
– El artículo sexto es el que aportó la Federación Universitaria Argentina (FUA) junto a la multiplicidad de centros de estudiantes para exigir que se cumpla con la totalidad de las becas existentes al momento de la aprobación de la ley.
Después el gobierno hizo una propuesta que podemos usar como método comparativo, que sucedió hace unos días respecto a un acuerdo paritario y un acta compromiso. El gobierno solamente pretendía reconocer una beca, la Manuel Belgrano, que es para carreras estratégicas y depende de la Subsecretaría de Políticas Universitarias a cargo de Alejandro Álvarez, desconociendo las mayoritarias, principalmente la beca Progresar.
– Justamente sobre ese acuerdo paritario reciente, el gobierno previendo un fallo adverso se quiso adelantar ofreciendo un incremento del 24,3% en salarios y un 20% en gastos de funcionamiento. Ahora el oficialismo se agarra de eso para decir que ya hay un acuerdo previo y que no están dispuestos a pagar de más. ¿Qué lectura hacés?
–Eso es una interpretación mediática; yo no escuché nunca que el gobierno dijera eso de forma oficial. Además, esa discusión quedó terminada cuando la Corte Suprema dejó firme el amparo. Los artículos 5 y 6 no dicen que se tiene que cumplir parcialmente la actualización salarial o las becas. Lo que dicen es que debe cumplirse por amparo, de manera inmediata, hasta que se trate la cuestión de fondo, porque estamos hablando de una emergencia que afecta el sustento familiar y el salario.
Ese acuerdo político se dio cuando la Corte Suprema estaba por fallar y el gobierno se vio acorralado. Primero hizo un ofrecimiento del 12,33% que fue rechazado. Cuando la Corte habilitó a los ministros para laudar en este conflicto, la administración del Estado, a través de la Procuración, habilitó la vía política porque ya no había más excusas. Ahí fue cuando el 12,33% se transformó en un 21,33% a junio más un 3% a octubre, llegando al 24,33%.
¿Ese ofrecimiento cumple parcialmente con el artículo 5? Sí, y la totalidad del Frente Universitario Nacional —compuesto por el CIN, la FUA y el Frente Sindical con las seis federaciones docentes y FATUM— lo tomó como una opción viable bajo dos acciones: firmar el acta compromiso por el aumento salarial, el 20% para gastos de funcionamiento de todas las universidades, la actualización de la beca Manuel Belgrano y 50.000 millones para hospitales universitarios; y, acto seguido, habilitar las paritarias para dar respaldo legal a esa actualización. Ante la amenaza del fallo, el gobierno mejoró la propuesta y se aceptó a cuenta de la ley. No podemos desvalorizar un logro colectivo, pero el gobierno sigue obligado a cumplir la ley en su totalidad. Se les cayó el artilugio que tenían para dilatar todo para los próximos años. Este gobierno tiene que pagar y tiene que llamarnos a paritaria de carácter inmediato.
– ¿Qué balance les deja este proceso de cara al futuro de las universidades?
– Todo el plan de lucha tiene más sentido que nunca. Las marchas populares masivas demostraron que fuimos uno de los pocos sectores que logró enfrentar abiertamente al gobierno y sostener un plan de lucha articulado a lo largo de todo el mandato, con nuestras contradicciones, dificultades, picos altos y mesetas.
Por sobre todas las cosas, logramos sostener la unidad. Muchos trabajan para dividirnos desde adentro y desde afuera del gobierno, e incluso algunos desde adentro de las universidades que piensan que se pueden salvar solos o buscan una ventaja táctica desarticulada. Fuimos tentados un montón de veces con distintos anzuelos para romper el frente, pero esto es un triunfo de la lucha colectiva a partir de fortalecer la unidad en la conducción.
Conseguimos el primer triunfo frente a un gobierno absolutamente deshumanizante. Somos agradecidos del acompañamiento que recibimos del pueblo, pero queremos que se valorice el trayecto; si no, pareciera que hay que agradecerle a la Corte Suprema. Esto es una construcción de dos años y medio que no está terminada. La cautelar le da urgencia a estos dos artículos que son la sustancia de la ley, pero no dicen nada, por ejemplo, de los gastos de funcionamiento de fondo. La disyuntiva ahora es ver si el gobierno va a cumplir con la totalidad de la ley o si se limitará a cumplir el artículo 5 y 6 tal como lo obliga la Corte y si además va a honrar el acta acuerdo que firmó y va a transferir el 20% para los gastos de funcionamiento de acá a fin de año y va a transferir los 50.000 millones como refuerzo para los hospitales y universitarios. Por eso era importante la firma y no solamente la resolución de la Corte.
