Duro cuestionamiento de martilleros bonaerenses a un proyecto de La Libertad Avanza

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) a través de su prosidente Luis Eusebio Colao, expresó su rechazo al “proyecto presentado por un puñado de legisladores de LLA que busca equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta en la materia, bajo una supuesta premisa desregulatoria”.

Luis Colao cuestionó a un grupo de diputados de LLA que presentó recientemente en la Legislatura bonaerense un proyecto que “eufemísticamente denominan ‘desregular el mercado inmobiliario’ y que roza con lo ignaro y lo obsoleto, además de que, a prima facie, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia”.
El titular del Colegio inmobiliario provincial trató de que sus críticas no fueran destinadas a todo el bloque libertario por eso detalló: “la tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada, tal como señala su articulado propuesto”.
“Con inusitado desparpajo —adviertió Colao— modifican el Art. 80 de las infracciones con el siguiente texto: ‘Queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público’. Dicha modificación no sólo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza. En resumidas cuentas, SE LEGALIZA LA ILEGALIDAD y se abre la puerta al reino de las estafas”.
Más adelante, el presidente de Martilleros BA acusó a los legisladores que impulsan el mencionado proyecto de “promover la ilegalidad y de vulnerar, caprichosamente, la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan con cursos y talleres a diario para brindar un mejor servicio”.
Dijo además que la iniciativa “precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia”.

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