El pasado 24 de setiembre murió José Bulacio, que era un obrero en una obra en el aeropuerto de Ezeiza, con más que precarias condiciones de trabajo. Bulacio es uno los tantos que mueren en Argentina cotidianamente. Cada 20 horas muere un trabajador por accidentes laborales.
Por Felipe Guzmán*
Mauricio Macri pretende reducir por decreto las indemnizaciones por accidentes laborales (DNU 669). No solo modifica el cálculo del monto a cobrar por incapacidad o muerte de un trabajador que deba ser pagado por las ART y con efecto retroactivo. Esto no solo es un retroceso en términos de derecho, es una aberración jurídica y una muestra cabal del desprecio a las y los trabajadores.
Repudiamos el DNU, porque es ilegal, inconstitucional y pretende conculcar derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de nuestra historia de lucha.
Un DNU no puede ser una decisión caprichosa y arbitraria del presidente, requiere determinadas condiciones específicas para poder ser emitidos por el Poder Ejecutivo. Ya que emitir disposiciones de carácter legislativo es potestad del congreso, y solo una circunstancia excepcional, que impida o que dificulte seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes podría habilitar la emisión de decretos “si y solo si” son por razones de necesidad y urgencia. O sea que, solo en casos excepcionales se habilita al Ejecutivo a legislar sin pasar por el Congreso. De no tener estos requisitos se estaría violando una limitación del Poder Ejecutivo que es el de “no legislar”. Y esa decisión es inconstitucional, nula de nulidad absoluta.
Este DNU viola garantías de las y los trabajadores que consagran la dignidad humana y de la ciudadanía como por ejemplo el art. 14 bis, el 75 inc. 19 de la CN. Pactos, Acuerdos Internacionales y Convenciones de los que argentina es parte, Convenios 155 y 187 de la OIT. Y lo hacen para maximizar las ganancias de las aseguradoras de riesgo de trabajo en desmedro de las y los trabajadores en materia de accidentes y enfermedades profesionales, conforme la protección establecida. En este punto hay jurisprudencia muy clara en defensa de los derechos laborales, estas normas hablar de la progresividad de los derechos y no de la regresividad.
Por otro lado, existen principios básicos del estado de derecho como la irretroactividad de la ley en perjuicio del más débil (art. 7 CCCN) que están siendo gravemente violentados con estas decisiones que son provocaciones a la clase obrera, que no solo ven cotidianamente peligrar sus fuentes de trabajo, sino que ahora ven como se pretende conculcar derechos y garantías de forma arbitraria, como otrora lo hicieran “los viejos patrones de estancias” de modo unilateral y violento.
Esperamos que los jueces hagan los controles de constitucionalidad suficiente para frenar este disparate jurídico, que a su vez constituye una de las más graves violaciones a los derechos y las garantías de las y los trabajadores.
Es claro que los últimos días de gobierno de esta gestión, que fue la peor de la historia de la democracia, pretende ser el último manotazo a favor de las empresas, que es de donde provienen los actuales funcionarios y que es a las únicas que han favorecido desde su arribo al Gobierno.
* Secretario Adjunto de la CTA. (Morón, Hurlingham e Ituzaingó) | Miembro del Movimiento Mayo – Hurlingham.
