El sacerdote Julio César Grassi prestó declaración en la Fiscalía 8 e Morón en la causa iniciada hace un año por presunto de desvío de fondos y donaciones hacia la unidad penitenciaria donde está alojado en Campana, condenado a 15 años por abuso sexual de un menor que concurría a la Fundación que dirigía.
El cura Grassi fue indagado por la fiscal Adriana Suárez Corripio en el marco de una denuncia por peculado y en la que se investigan presunto lavado de dinero y administración fraudulenta, iniciada el año pasado por quien era director de la Fundación, Juan Manuel Casolati.
Grassi declaró junto a otras dos personas en el marco de esta causa en la que están involucradas otras cuatro personas más, todos ayudantes, secretarios y choferes que trabajaban en la Fundación cuando el sacerdote se desempeñaba como director, antes de ser condenado por abuso sexual.
La causa tomó estado público luego de que un programa de televisión diera a conocer imágenes de como los camiones con mercadería donada que tenían destino la Fundación y a los niños que albergaba, eran desviados hacia el penal de Campana, donde está alojado Grassi, en una operación que dirigía el sacerdote desde su celda.
El sacerdote está detenido en ese penal desde 2013, cuando quedó firme la condena, y ahora afronta esta nueva causa que prevé pena para quienes «administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares».
Juan Manuel Casolatti, actual director de la Fundación y denunciante de esta causa, dijo a Télam que «además de Grassi están involucrados el que era portero de la Fundación, integrantes del Consejo de Administración, secretarios privados del cura y dos choferes».
«Hice la denuncia porque ví el estado y las carencias que pasaban los chicos que no se condecía con las donaciones que recibía la Fundación. No podía disponer de esas cosas porque nadie sabía dónde estaban por lo que denuncié penalmente el hecho y luego lo hice visible a través del programa de televisión», destacó Casolatti.
Indicó además que «no tenía las pruebas concretas de los desvíos ni la logística para comprobarlo y, a través del programa de Tv, se visibilizó toda esta operatoria y sirvió para que la Justicia pudiera actuar».
El actual director destacó, además, que «hay dos camionetas Berlingo que pertenecían a la Fundación y eran utilizadas para trasladar a los chicos, que las usaban los secretarios privados no sólo para desviar los elementos que se seguían recibiendo sino también para uso personal».
Casolatti comentó, además, que tras la denuncia, la fiscalía siguió con la investigación y descubrió «que el capellán de una parroquia era utilizado por Grassi para tercerizar las donaciones. Los elementos que recibía la Fundación iban a la unidad de Campana pero no decían que eran donaciones sino que provenían desde esa parroquia a la que utilizaba como pantalla de estos ilícitos».
El director de la Fundación aseguró que Grassi «desde un principio utilizó la Fundación en beneficio propio, por lo que esta conducta la tuvo desde siempre, no fue sólo para obtener protección en la cárcel» y detalló que «el alquiler de la estancia La Blanquita, donde él vivía mientras se le seguía el juicio por abuso, era pagada con fondos de la Felices Los Niños».
Casolatti destacó, además, que «la Fundación está quebrada económicamente ahora es la provincia de Buenos Aires la que la sostiene y así pudimos darles a los 58 chicos que están alojados y que estaban desamparados todo lo que necesitan tomando en cuenta cada caso en particular».
Tras la denuncia y la investigación periodística que implicaba directamente a personal penitenciario de la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial dispuso la intervención de la fundación en julio del 2014.
Casolati informó que luego de la denuncia penal hubo un allanamiento en la celda de Grassi y allí se le secuestraron «cuatro celulares y 5000 pesos» a pesar de que la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, aseguró que «está prohibido a los internos tener celular y dinero».
La funcionaria prometió una exhaustiva investigación y separó del cargo al jefe de la Unidad 41, Raúl Garnica.
Grassi no es el único imputado por la fiscal Suarez Corripio sino que hay otras siete personas investigadas, entre ellos personas del Consejo Directivo de la Fundación.