Gran y activa participación tuvo el 1° Foro Participativo de Cultura organizado por la Red de Organizaciones Culturales de Hurlingham.
Con tres ejes de discusión: Descentralización y Territorialidad; Industrias Culturales y Trabajadores de la Cultura y Organizaciones Culturales y Estado, se realizó el sábado 28 de noviembre en la Escuela de Enseñanza Media Esteban Echeverría, el 1° Foro Participativo de Cultura organizado por la Red de Organizaciones Culturales de Hurlingham.
Este es el desarrollo de cada uno de los ejes de discusión:
Eje 1: Descentralización y territorialidad
Las políticas culturales que salvo honrosas excepciones prevalecen en los municipios del conurbano bonaerense, no se caracterizan por ser democráticas ni participativas. Parten de un concepto restringido de cultura -el que la emparenta casi exclusivamente con las bellas artes- y proponen a lo sumo, en sus variantes más «progresistas», su «difusión» en los barrios a través de la organización de exposiciones o recitales en el espacio público, como si los municipios fueran depositarios de la cultura y los barrios carecieran de ella.
Lejos de cuestionar la reducción de la cultura a las artes y su apropiación por un sector determinado de la sociedad, estas políticas contribuyen a legitimar y consolidar ese estado de cosas, colocando a la población en un papel pasivo, sin otra participación en el proceso que la de meros espectadores y/o consumidores de un producto.
La otra pata de este tipo de proyectos, que constituyen una práctica arraigada en la mayoría de los municipios, está dada por la instalación en la comunidad de una variedad de talleres de distintas disciplinas, la mayoría de las veces sin un trabajo de articulación con la vida comunitaria preexistente en el territorio, sin tener en cuenta cuáles son sus reales necesidades y por ende sin integración con la dinámica del desarrollo local.
Se trata de una concepción igualmente elitista, que no ve al territorio más que como un espacio geográfico para la puesta en acción de políticas concebidas unilateralmente desde un «centro», cuando se trata en realidad de un espacio creativo del cual surgen todo el tiempo procesos culturales originales y valiosos que el estado debería estimular, proteger y potenciar.
Las políticas citadas reducen al municipio al papel de simple proveedor y/o administrador de bienes y servicios culturales, cuando podría y debería cumplir un rol más activo y provechoso como facilitador de los procesos que la propia comunidad ya ha puesto en marcha, apoyándolos y brindándoles las herramientas para su mejor desarrollo.
Eje 2: Estado, comunidad y políticas participativas
La planificación, ejecución y evaluación de políticas culturales no debe quedar solamente en manos del Estado, es necesario que la sociedad -única y auténtica generadora de cultura tenga una participación activa en el proceso para proponer, dar contenido y significado a las mismas y garantizar que su implementación esté acorde con los criterios consensuados.
La Agenda 21 de la Cultura (*) plantea con claridad en este sentido que “los principios de un buen gobierno incluyen la participación ciudadana en la concepción de las políticas culturales, en los procesos de toma de decisiones y en la evaluación de programas y proyectos”. Esto requiere asumir una visión distinta en lo que respecta a la articulación entre lo público, lo comunitario y lo estatal en el campo del arte, la cultura y la comunicación.
La construcción de políticas culturales participativas requiere pues la conformación de espacios de gestión asociada entre el estado y la sociedad civil.
Las decisiones de política pública que se originan en procesos de participación social refuerzan su legitimidad, lo cual tiene una incidencia relevante en la viabilidad y en la sustentabilidad social de las mismas. Aportan además al proceso de construcción de una nueva institucionalidad.
(*) La “Agenda 21 de la cultura” es un documento de referencia para la elaboración de políticas culturales locales elaborado por el primer Foro Universal de las Culturas. Se basa en los principios de la diversidad cultural, los derechos humanos, el diálogo intercultural, la democracia participativa, la sostenibilidad y la paz. Fue aprobado por más de 300 ciudades y gobiernos locales que se reunieron en Barcelona en mayo de 2004.
Eje 3: La cultura como actividad económica. Industrias culturales y trabajadores de la cultura.
La cultura se encuentra condicionada por la realidad económica y a la vez incide en ella, pero en todo caso no es reducible meramente a lo económico, aun cuando ésta sea una de sus dimensiones.
Existe un mercado cultural generador de riqueza, en el que operan agentes económicos diversos como los empresarios de la industria editorial, audiovisual, de espectáculos; los emprendimientos personales o que actúan bajo formas cooperativas o de asociación; los profesionales y empresas relacionados con la arquitectura, urbanismo, arqueología o puesta en valor del patrimonio, etc.
Es necesario que el estado intervenga para apoyar estos procesos potenciando el mejor desarrollo de los recursos culturales, sin dejarlos librados a la lógica de mercado y actuando para proteger todo lo que debe ser resguardado desde el punto de vista del derecho a la cultura y el acceso igualitario a los bienes culturales, así como los derechos de los artistas y demás trabajadores de la cultura.
En ese sentido es importante que se adopten medidas destinadas a apoyar a las distintas modalidades de emprendimientos culturales, buscando estimular el consumo para promover la producción; facilitando el diálogo y la cooperación entre los actores económicos y las instituciones públicas, privadas y académicas; colaborando en la identificación de negocios y mercados para la inserción de la producción local; facilitando el acceso a la información, tecnología y ámbitos institucionales existentes o creados a tal fin y concientizando a los sectores involucrados sobre la importancia de la creación de valor en el área no sólo desde la óptica de la rentabilidad, sino además como mecanismo de promoción de la diversidad cultural y sus expresiones.
Es su obligación además promover la igualdad de oportunidades y la equidad, dando apoyo prioritario a la producción cultural local, favoreciendo el pluralismo, desalentando las prácticas monopólicas y brindando respaldo a los creadores, gestores y productores independientes, entendiendo como tales a aquellos que están libres de la influencia dominante por parte de los circuitos de distribución, exhibición pública o difusión masiva.
Para fortalecer el desarrollo de los emprendimientos culturales del distrito es importante, por último, que el estado intervenga estimulando el consumo local de productos culturales y contribuyendo a la creación de circuitos de difusión alternativos.