Una medida cautelar logra que los vecinos no sufran el tarifazo

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El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso y Administrativo N° 2 de San Martín hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el intendente Juan Zabaleta y ordenó la suspensión de la aplicación de los aumentos tarifarios en el servicio de Gas.

Una medida de idénticas características fue solicitada para los tarifazos en los servicios eléctricos.

Los vecinos de Hurlingham también tienen su «cautelar» que los proteja de los aumentos desmedidos en los servicios de Gas. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial, Contencioso y Administrativo N° 2 de San Martín a cargo de la jueza Martina Forns, hizo lugar al pedido que las autoridades del municipio de Hurlingham hicieron, reclamando que se suspendan los incrementos en los servicios de gas, dispuestos por el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren.

La jueza resolvió que en el Municipio de Hurlingham la empresa Gas Natural BAN liquide las facturas a los valores vigentes con anterioridad a las resoluciones 28/2016, 31/2016 y 129/2016 del ministerio que ocupa Aranguren, que son las resoluciones del «tarifazo», (incluido el tope del 400% difundido por el gobierno nacional como un «paliativo» a los incrementos que se habían dispuesto); es decir que los vecinos deberán abonar las tarifas que estaban vigentes hasta el 30 de marzo de este año, y quienes pagaron con aumento, sus importes se considerarán «a cuenta», reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total.

La presentación ante la justicia fue hecha por el propio intendente Juan Zabaleta, junto a la Directora de Derechos Humanos del municipio, Odila Casella y la abogada Gabriela María Baldo. La medida cautelar solicitada contó con el aval de la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores Asociación Civil (DE.U.CO), quien a través de su presidente Pedro Bussetti respaldó y legitimó el reclamo de los usuarios afectados.

Paralelamente el municipio también tramita otra medida cautelar sobre los incrementos tarifarios en los servicios eléctricos. En este caso la presentación está hecha en el Juzgado N° 1 de San Martín a cargo del juez Oscar Papavero, y es probable que la justicia determine la unificación de las dos solicitudes y también recaiga en el juzgado de Forns.

La medida que Hurlingham, al igual que otros municipios tomó en defensa de los consumidores es un alivio a la enorme preocupación que habían generado las medidas adoptadas por el gobierno.

Frente a este vendaval de reclamos, amparos y cautelares, el Gobierno aclaró que las distribuidoras no están autorizadas a emitir facturas con ajuste, ya que primero deberá resolverse la disputa judicial. En tanto la Corte Suprema de Justicia si bien no se pronunció sobre los tarifazos, pidió informes al Poder Ejecutivo para que explique cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas y los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios. Se espera un fallo después de agosto, una vez finalizada la feria judicial de invierno.

El máximo tribunal pidió que el Estado «explique los parámetros tenidos en cuenta para alterar el alcance de la tarifa social y si la aplicación de la nueva normativa implica modificar la cantidad de beneficiarios de dicha tarifa», y que además «especifique los criterios que orientan la aplicación, o no aplicación, de la tarifa social para entidades de bien público, entidades solidarias sin fines de lucro, pequeñas y medianas empresas, en particular las directamente vinculadas a las economías regionales».

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